Qué hay detrás de los 3,96 millones para el Diálogo Social en los presupuestos de 2027
La Junta destina 3,96 millones al Diálogo Social y 32,5 millones a Trabajo y Prevención de Riesgos en los presupuestos de 2027 para Castilla y León.
La Consejería de Industria, Universidades, Empleo y Comercio de Castilla y León destinará 3,96 millones de euros en 2027 a garantizar la participación institucional de las organizaciones empresariales y sindicales más representativas de la Comunidad. La cifra forma parte del proyecto de presupuestos que su titular, Juan Carlos Suárez-Quiñones, presentó este martes en Valladolid.
La partida responde a lo establecido en la Ley 8/2008, que regula el Consejo del Diálogo Social y la participación institucional de los agentes sociales. El objetivo es que empresarios y sindicatos intervengan en los asuntos económicos y sociolaborales de la Comunidad, con un marco estable de interlocución.
El paquete incluye también 900.000 euros para la Fundación del Servicio Regional de Relaciones Laborales (SERLA), encargada de la conciliación, la mediación y el arbitraje en conflictos laborales. Se trata de mantener un sistema de solución extrajudicial de disputas, que descarga a los tribunales y busca acuerdos entre las partes.
Las cuentas de la Dirección General de Trabajo y Prevención de Riesgos Laborales alcanzarán los 32,52 millones de euros el próximo año. De esa cantidad, 8,31 millones se asignan a relaciones laborales, con dos millones para trabajadores afectados por expedientes de regulación temporal de empleo (ERTE) y empresas que necesiten apoyo ante situaciones extraordinarias.
En prevención de riesgos laborales, el Ejecutivo regional prevé 13,5 millones, de los que 12,1 millones se dirigen a ayudas para que las empresas inviertan en equipos, instalaciones y condiciones de seguridad. Dentro de esa línea, 3 millones se reservan para la retirada de cubiertas con amianto, una ayuda que la Consejería considera consolidada tras la buena acogida entre el tejido empresarial.
El Gobierno autonómico recuerda que, entre 2022 y 2026, se han destinado más de 14 millones a cerca de 750 empresas para retirar más de 430.000 metros cuadrados de cubiertas con amianto. Las partidas restantes, 880.000 euros para bienestar laboral y 1,4 millones para formación y sensibilización, completan un presupuesto que se enmarca en el VII Acuerdo para la Prevención de Riesgos Laborales 2025-2028.
Más allá de las cifras, la asignación refleja el peso que el Ejecutivo de Castilla y León otorga al diálogo con los agentes sociales en un contexto de negociación presupuestaria y de ajuste del empleo. La evolución de estas partidas en la tramitación parlamentaria permitirá comprobar si se mantiene ese compromiso declarado.