MADRID, 19 de diciembre.

Un grupo de consejeros de comunidades autónomas que son gobernadas por el Partido Popular (PP) se ha presentado este jueves en el Senado con el propósito de expresar su rechazo a la reciente decisión del Gobierno de incluir al lobo en el Listado de Especies Silvestres en Régimen de Protección Especial (LESPRE). Consideran que esta medida es un claro "ataque" a la ganadería, haciendo un llamado a la administración de Pedro Sánchez para que revierta esta polémica decisión.

Estos consejeros, procedentes de comunidades como Castilla y León, Galicia, Cantabria y La Rioja, ofrecieron una rueda de prensa desde el Senado antes de participar en la Comisión General de las Comunidades Autónomas, donde se discutirá una iniciativa relacionada con la situación del lobo. También estaban presentes representantes de las comunidades de Aragón, Murcia, Extremadura y Madrid.

El primer en pronunciarse fue el consejero de Medio Ambiente de Castilla y León, Juan Carlos Suárez-Quiñones, quien destacó "el clamor" existente en estos territorios. Suárez-Quiñones subrayó la necesidad de que el Gobierno abra un espacio para la sensibilidad hacia el campo y el medio rural, argumentando que es crucial que cesen los ataques a la ganadería y las comunidades afectadas.

Según Suárez-Quiñones, en Castilla y León se registran anualmente unas 12.000 muertes de ganado a causa de ataques de lobos. Atribuyó esta problemática a la decisión gubernamental de incluir a este animal en el LESPRE, y denunció que la medida fue tomada "por razones ideológicas, sin ningún respaldo en datos concretos y en contra de los intereses del territorio".

La consejera de Medio Ambiente de Galicia, María Ángeles Vázquez Mejuto, también se unió al coro de críticas, afirmando que "la situación se hace insostenible en el territorio español", sobre todo en las regiones con mayor presencia de lobos. Vázquez Mejuto defendió tanto la biodiversidad como a los ganaderos y la economía rural, y lamentó el aislamiento que sienten ante una política central que se basa en criterios ideológicos, y que, según dijo, decidió en 2021 otorgar máxima protección al lobo.

Continuando con su intervención, la conselleira enfatizó que las comunidades autónomas se habían anticipado a esta decisión, advirtiendo que podría traer grandes problemas, ya que los ganaderos se sienten "totalmente desprotegidos y angustiados". Subrayó que los ganaderos no demandan la extinción del lobo, sino que requieren la capacidad de gestión que tenían antes de 2021.

Por su parte, la consejera de Desarrollo Rural, Ganadería, Pesca y Alimentación de Cantabria, María Jesús Susinos, justificó su presencia en la comisión diciendo que es vital elevar la voz de los ganaderos en una situación de desesperación. Coincidió con sus colegas en que la inclusión del lobo en el LESPRE responde a "una decisión que tiene tintes electoralistas", y recordó que Europa había optado por reducir la protección de este animal.

Susinos instó al presidente Sánchez a "escuchar" tanto a las comunidades afectadas como a Europa, citando que en Cantabria el censo de lobos ha aumentado en un 9% en la última década. Según sus datos, hay más de 200 lobos en la región, y advirtió que están ocupando áreas no naturales, incluyendo la costa y terrenos urbanos, resultando en unas 3.000 muertes de ganado cada año.

Finalmente, la consejera de Agricultura de La Rioja, Noemí Manzanos, se unió a la inquietud general, expresando que la inflación de lobos en su comunidad se ha multiplicado considerablemente. Detalló que la presencia del lobo se ha extendido a 50 municipios desde su inclusión en el LESPRE, mientras que en 2021 solo se registró en 12 localidades. En contraste, la población ganadera ha disminuido un 13%, lo que, según la consejera, demuestra la urgencia de tomar medidas concretas para enfrentar esta problemática.