VALLADOLID, 22 de enero.

La Audiencia Provincial de Valladolid está a punto de iniciar un juicio que ha atraído la atención por las graves acusaciones que enfrentan Ionela U. y su hermano Vasile, ambos de nacionalidad rumana. Se les imputa un delito continuado contra los derechos de los trabajadores, específicamente por haber empleado a jornaleros en la recolección de patatas sin contratos formales y abonándoles salarios por debajo de lo acordado, además de descontarles por alojamiento en condiciones deplorables.

La situación se agrava para estos acusados, ya que Ionela, en su papel como empresaria, y Vasile, quien realmente operaba la empresa de servicios agrícolas, podrían enfrentarse a una condena de hasta cuatro años de prisión. Además, se les podría imponer una multa de 4.500 euros y una responsabilidad civil que incluye una indemnización de 15.000 euros a favor de los trabajadores afectados, de acuerdo con lo informado por fuentes judiciales a Europa Press.

Los delitos que se juzgarán se produjeron entre septiembre y octubre de 2020. Según la acusación, Ionela actuaba como una mera figura frente a las autoridades mientras que su hermano tenía el control real de las operaciones. Para llevar a cabo su actividad, los acusados engañaron a varios trabajadores, prometiéndoles empleo en las labores agrícolas de recolección de uvas y patatas en la zona de Medina del Campo, donde reside Vasile.

Según la acusación, contaron con la ayuda de dos cómplices en Alicante, que llevan tiempo desaparecidos, para atraer a una decena de buscadores de empleo a Valladolid con la promesa de contratos laborales durante un año, alta en la Seguridad Social y sueldos entre 1.600 y 1.800 euros al mes, lo que incluía un alojamiento en condiciones adecuadas.

Los trabajadores llegaron a la finca en Torrecilla del Valle el 15 de septiembre de 2020, atraídos por estas falsas promesas laborales. Sin embargo, de ellos, solo cinco lograron firmar un contrato provisional hasta el 20 de octubre, aunque su situación de alta en la Seguridad Social fue temporal, a pesar de haber trabajado mucho más de lo estipulado. Los demás no firmaron ningún contrato y también quedaron fuera de alta en la Seguridad Social.

Además, todos los jornaleros recibieron menos de lo prometido, con salarios de solo 6 euros por hora en recolección de uvas y 21 euros por cada 1.000 kilos de patatas, ya que los acusados les retenían dinero por diversos conceptos como traslados y alojamiento, violando gravemente las regulaciones laborales. La situación mejoró mínimamente solo después de la intervención de la Guardia Civil, que actuó tras las quejas de los trabajadores.

En cuanto a las condiciones de alojamiento, los acusados proporcionaron una vivienda totalmente inadecuada, carente de mobiliario, agua potable y calefacción. La situación era tan mala que los trabajadores debían recoger colchones de la calle para poder dormir, lo que demuestra la grave falta de respeto por los derechos humanos básicos.