VALLADOLID, 3 de septiembre.

El Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León ha ratificado la condena de un año de prisión impuesta al gerente de la empresa Vaditelpro, SL, tras ser hallado culpable de falsificar documentos esenciales en el proceso de despido de un empleado que había demandado por despido improcedente ante un Juzgado de lo Social.

La Sala de lo Civil y Penal, ubicada en Burgos, desestimó el recurso presentado por el condenado y reafirmó el fallo original dictado el 1 de abril de este año por la Audiencia Provincial de Valladolid, según la información proporcionada por el Gabinete de Prensa del mencionado tribunal.

Según lo establecido en el fallo que se ha confirmado, se demostró que el 3 de abril de 2018 se firmó un contrato de trabajo indefinido entre la empresa en cuestión y el trabajador, quien desempeñaba funciones como instalador de redes de telefonía e internet en la ciudad de Valladolid, con una carga laboral de 40 horas a la semana y un salario mensual cercano a los 1.200 euros, alineado con el convenio del sector siderometalúrgico.

La relación laboral entre el empleado y la empresa se desarrolló sin contratiempos hasta que en noviembre de 2018, el trabajador presentó problemas en el menisco de una de sus rodillas, lo que le obligó a solicitar una baja laboral para poder recuperarse adecuadamente.

El 13 de noviembre de ese año, el trabajador se reunió con el administrador para entregarle la documentación médica que justificaba su estado de salud. Durante este encuentro, el gerente solicitó la devolución de las herramientas y el vehículo de la compañía que el empleado había tenido bajo su custodia. Ambos acordaron reunirse más tarde en el lugar donde el coche estaba aparcado.

Al momento de la entrega, el administrador le presentó un recibo para que lo firmara; sin embargo, este documento contenía el nombre de otra persona y una lista de materiales que no coincidía con lo que realmente había devuelto, lo que llevó al trabajador a negarse a firmar.

Dos días después, el empleado se enteró de su despido y decidió presentar una demanda por despido improcedente ante los Juzgados de lo Social, reclamando un total de 2.105,84 euros correspondientes a su finiquito y otros conceptos.

El caso fue admitido por el Juzgado Social 1, donde el administrador intentó presentar documentación que incluía una carta de despido fechada el 10 de noviembre de 2018, la cual portaba firmas que el trabajador negó haber realizado, así como un documento con la nómina de los primeros días de noviembre, incluyendo conceptos indemnizatorios que también contenían firmas falsas.

Ante la negativa del trabajador a reconocer la autenticidad de las firmas de los documentos, se interpuso una querella por posible falsedad documental, lo que culminó en la sentencia condenatoria de la Audiencia de Valladolid que dictó en abril la pena de un año de cárcel para el gerente de la empresa, considerándolo culpable de un delito de falsedad en documento privado y de tentativa de estafa procesal.