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Martes, 27 de octubre de 2026 Edición Castilla y León · Red Crónica
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Abascal anuncia querella contra el subdelegado del Gobierno en Zamora tras un mitin

Abascal querellará al subdelegado del Gobierno en Zamora por supuesta intimidación en un mitin. La policía identificó a los manifestantes sin incidentes.

Redacción · Crónica Castilla y León 2 min de lectura

El candidato de Vox a la presidencia del Gobierno, Santiago Abascal, anunció este martes que presentará una querella contra el subdelegado del Gobierno en Zamora, Ángel Blanco, por los supuestos actos de intimidación sufridos durante un mitin celebrado en la ciudad. La denuncia se formalizaría el miércoles.

El anuncio se produjo desde el escenario, antes del discurso, después de que un grupo de unas veinte personas situadas en los alrededores de la plaza coreara consignas contra el partido. La Policía Nacional identificó a los manifestantes, que se dispersaron sin que se registraran incidentes.

Qué hay detrás de esta querella. El caso se enmarca en una tensión creciente entre formaciones políticas y protestas ciudadanas en los actos de campaña. Abascal vinculó las movilizaciones a la presencia del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, en otros eventos, un argumento que sitúa el conflicto en el terreno de la confrontación entre bloques.

Las implicaciones son múltiples. Una querella contra un cargo institucional de la Administración del Estado obliga a dirimir en sede judicial la frontera entre el derecho de manifestación y la intimidación a los participantes en actos políticos. Además, el hecho de que la acusación recaiga sobre un subdelegado del Gobierno añade una dimensión institucional al debate.

Las claves de la situación pasan también por el papel de las fuerzas de seguridad, que han de garantizar tanto la celebración de los mitines como la libertad de expresión de quienes protestan. La intervención judicial determinará si las conductas denunciadas tienen encaje penal.

De cara al futuro, el episodio de Zamora se suma a otros incidentes en campaña y reabre el debate sobre los límites de la protesta en espacios públicos durante los procesos electorales. Su desarrollo en los tribunales será seguido de cerca por la clase política y por la opinión pública.

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