VALLADOLID, 17 de diciembre.

En un desarrollo significativo del caso de corrupción conocido como la 'trama eólica', Ricardo Bravo, el exdelegado institucional de Iberdrola en Castilla y León y exconsejero delegado de su filial Biovent entre 2000 y 2007, ha defendido su postura ante la Audiencia de Valladolid. Bravo, uno de los catorce acusados en este juicio, ha rechazado las imputaciones de haber recibido presiones de la Junta para incluir socios locales en la firma, y ha presentado a su empresa como víctima en el proceso, resaltando que de los 2.100 megavatios solicitados, solo se le reconocieron 700.

Durante su declaración, a la que solo se accedió a través de su abogado, Bravo destacó que la incorporación de socios locales en el negocio eólico no era un fenómeno aislado ni exclusivo de su empresa. Según él, existía una percepción generalizada en Castilla y León de que el viento era un recurso que debía beneficiar a la industria local. Afirmó que Iberdrola no fue sometida a imposiciones, sino que buscó voluntariamente alianzas estratégicas basadas en un listado de clientes preexistente.

Bravo mencionó que dicho listado sirvió como punto de partida para establecer contactos tanto con los empresarios acusados, Alberto y Francisco Esgueva del Grupo San Cayetano, como con el exdirector general de Deportes de la Junta, Andrés Martín de Paz. A pesar de los intercambios iniciales, la mayoría de las propuestas no encontraron materialización, con excepción de las colaboraciones que se concretaron con algunos de estos individuos.

El exconsejero declaró que al acercarse a posibles socios, se enfatizaba que la tramitación de proyectos eólicos sería compleja y sin garantías, dado el exceso de solicitudes que superaban los 80.000 megavatios. Esta realidad contribuyó a que las respuestas fueran variadas, aunque las interacciones con los Esgueva y Martín de Paz resultaron en asociaciones estratégicas. La constitución de la sociedad Energía Global Castellana en 2004 y la creación de Villardefrades Eólica en 2003 ejemplifican estos vínculos.

Durante la audiencia, Bravo defendió la lógica detrás de elegir asociados ajenos al sector, subrayando que iba dirigido a prevenir la competencia directa con gigantes del sector energético como ACS y Endesa, y que buscaban el apoyo financiero y administrativo de estas alianzas.

En su testimonio, Bravo insistió en que la elección de sus socios no fue el resultado de ninguna presión por parte del exviceconsejero de Economía, Rafael Delgado, y que su compañía no gozó de ningún tipo de trato preferente. Recordó que en 2005 se reunió con Tomás Villanueva, entonces consejero del sector, para plantear sus intenciones, solicitando una capacidad de 2.100 megavatios, sin recibir respuesta inmediata.

Durante la búsqueda de respuesta, Bravo mencionó que lo único que obtuvo fue una promesa vaga por parte de Villanueva, mientras que el director general del Ente Regional de la Energía, Ricardo González Mantero, eventualmente les comunicó que su capacidad prevista se limitaba a 1.376 megavatios, afirmación que se demostró incorrecta, ya que al momento de su salida de la empresa en 2007, solo contaban con 700 megavatios.

Bravo también discutió las transacciones financieras relacionadas con la salida de los Esgueva y Martín de Paz de las sociedades mencionadas, aclarando que los montos recibidos fueron acordados a precios de mercado. Aseguró que las decisiones de estos socios de abandonar sus inversiones se debieron a la necesidad de capital que no podían asumir solos, además de que Iberdrola estaba intentando expandirse en el mercado antes de salir a bolsa.

Señaló que, a largo plazo, las cifras evidencian que Iberdrola obtuvo beneficios sustanciales de los parques eólicos, sugiriendo que tanto San Cayetano como Martín de Paz habrían cosechado mayores ganancias si no hubieran abandonado sus posiciones.

Para cerrar su declaración, Bravo subrayó que su relación personal con Tomás Villanueva se formó después de que él dejó Iberdrola y aclaró que su conexión con Martín de Paz era meramente institucional, histórico en calidad de delegado de la compañía en la región. El tribunal también tuvo la oportunidad de escuchar al coacusado Rafael Icaza de la Sota, de Ibercyl, quien evaluó el impacto económico de las operaciones, mientras otros testigos están previstos en las próximas audiencias.

Adicionalmente, María del Mar Moreno, exesposa de Alberto Esgueva, también testificó contra las acusaciones, defendiendo las transacciones de bienes inmuebles en las que estuvo involucrada. Algunos acusados optaron por no declarar, enfrentando todos ellos solicitudes de condena que incluyen multas y penas privativas de libertad.

El juicio continuará con el interrogatorio de los implicados y, si se completa este miércoles, las partes iniciarán la presentación de sus informes finales a partir del 7 de enero de 2026.