El empresario de Valladolid, Alberto Esgueva, ha comparecido ante el tribunal para defender la legalidad de las ventas de participaciones en el sector eólico en las que estuvo involucrado. Durante su declaración, Esgueva argumentó que ha cumplido con sus obligaciones fiscales y criticó a la Agencia Estatal de Administración Tributaria (AEAT) por haber embargado sus bienes bajo el argumento de que dichos traspasos debían incluir el pago del IVA correspondiente.

En su testimonio, Esgueva expresó conmoción por el impacto que las acciones de la AEAT han tenido en su vida profesional y personal. “Subastaron mi casa y mis activos, y todas las acciones de mi empresa fueron vendidas. Cada euro que ingresada fue ejecutado. Esta situación acabó con mi proyecto tanto en España como en Polonia”, lamentó el empresario, quien enfrenta acusaciones que podrían llevarlo a purgar 12 años de prisión y a pagar multas que suman 68 millones de euros.

El empresario recordó que su incursión en el sector eólico comenzó en 2004, cuando estableció una compañía llamada Energía Global Castellana S.A., participada por San Cayetano y Biovent, una filial de Iberdrola. En 2006, Esgueva llegó a un acuerdo con otra de sus empresas, Cronos Global, para desarrollar parques eólicos en Castilla y León. Destacó que los directivos de Iberdrola, también encausados en este caso, buscaban una colaboración con un socio local para impulsar sus proyectos.

A pesar de la pregunta de su abogado sobre por qué Iberdrola necesitaba asociarse con San Cayetano, una empresa relativamente pequeña en comparación, Esgueva defendió su valía, citando que su grupo facturaba 50 millones de euros anuales y tenía la capacidad de facilitar la gestión de trámites y negociaciones con propietarios de terrenos, lo que hacía atractivo su involucramiento en el proyecto.

El empresario relató que en 2007, San Cayetano Wind decidió retirarse de la colaboración, ya que el acuerdo señalaba que no habría distribución de beneficios hasta que se recuperaran las inversiones, lo que significaba que no verían retornos hasta 2016. Esgueva vendió sus acciones de vuelta a Biovent, por las que había pagado 24.000 euros, y recibió 47,1 millones de euros en compensación, una suma que justificó por las proyecciones de rentabilidad que Iberdrola había realizado sobre el rendimiento esperado de los parques.

A pesar de que la venta de participaciones fue debidamente registrada y gravada fiscalmente con 3 millones de euros, Esgueva denunció que la AEAT consideró la transacción como una actividad económica a la que le correspondería el pago del IVA, resultando en un reclamo de 13 millones de euros por parte del fisco. “Todo comenzó con el embargo”, indicó Esgueva, quien también mencionó situaciones similares ocurridas con su otra empresa, Cronos, al intentar desarrollar proyectos eólicos en diversas provincias, los cuales tampoco contaron con las autorizaciones necesarias.

En la creación de estos proyectos, se formaron distintas sociedades, pero Esgueva eventualmente optó por la venta de sus participaciones debido a problemas de liquidez. Nuevamente, la AEAT determinó que esas transacciones eran actividades económicas, lo que llevó a otro embargo por IVA. Esgueva insistió en que nunca hubo una conspiración con Rafael Delgado, implicado en la supuesta trama, pese a haber trabajado juntos en Excal Internacional.

Luego de Esgueva, otros acusados, incluidos su hermano Francisco, y socios del negocio, testificaron sobre el impacto devastador de los embargos en sus operaciones comerciales. Martín Giraldo, uno de los coacusados, describió la situación como dramática, señalando cómo la publicación del presunto escándalo en medios, no solo en España sino también en Polonia, afectó proyectos inmobiliarios que estaban en marcha.