Castilla y León recibe 17 nuevas unidades judiciales en 2027, pero Palencia y Soria quedan fuera

La Junta de Castilla y León ha remitido al Gobierno central su informe favorable sobre la distribución de 17 nuevas unidades judiciales que llegarán a la Comunidad en 2027. La cifra forma parte de las 500 plazas judiciales que se crearán en toda España en ese año al amparo de la Ley Orgánica 1/2025 de medidas de eficiencia del Servicio Público de Justicia.

Las nuevas plazas se concentran sobre todo en Ávila, León, Salamanca y Valladolid. Incluyen seis plazas de magistrado en las Audiencias Provinciales de Burgos, León, Salamanca y Valladolid, siete en los Tribunales de Instancia, una Sección de Violencia sobre la Mujer en Salamanca, una plaza de Presidencia del Tribunal de Instancia de Valladolid y dos jueces de adscripción territorial en el Tribunal Superior de Justicia.

El respaldo a la propuesta llega acompañado de reservas. El informe lamenta que no se contemple ninguna unidad nueva para Palencia ni para Soria, pese a las peticiones reiteradas del propio Tribunal Superior de Justicia y de la Administración autonómica.

En Palencia sigue pendiente una plaza en la Sección de lo Penal del Tribunal de Instancia. En Soria, la petición de crear una Sección de Vigilancia Penitenciaria continúa sin respuesta, a pesar de figurar entre las prioridades fijadas por las Cortes de Castilla y León en 2023.

Ese patrón de peticiones no atendidas no es nuevo. En febrero, el informe sobre las 19 plazas previstas para 2026 ya planteó objeciones similares, lo que sugiere que la Junta utiliza cada dictamen para reclamar de forma recurrente las carencias de las provincias menos pobladas.

La cuestión de fondo es si el reparto territorial de la justicia responde a la carga real de trabajo o a criterios de población y tamaño de los partidos judiciales. Para la Comunidad, con nueve provincias y una dispersión demográfica considerable, el debate tiene una dimensión política evidente. El desarrollo de estas plazas dependerá ahora de la decisión final del Ministerio de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes.