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Viernes, 30 de octubre de 2026 Edición Castilla y León · Red Crónica
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Las excedencias por cuidado familiar suben un 1,23% en Castilla y León hasta septiembre

Las excedencias por cuidado familiar suben un 1,23% en Castilla y León hasta septiembre, con 2.296 casos y gran peso femenino. Claves del dato.

Redacción · Crónica Castilla y León 2 min de lectura

Las excedencias por cuidado de hijo, menor acogido o familiar aumentan un 1,23% en Castilla y León hasta septiembre de 2026, con un total de 2.296 registros. De ellas, 1.938 corresponden a mujeres y 358 a varones, lo que confirma que el peso de este permiso sigue recayendo mayoritariamente sobre ellas.

El incremento, de 28 casos en cifras absolutas, queda por debajo de la media nacional, que se sitúa en un 1,46%. Así, la comunidad crece a un ritmo algo menor que el conjunto del Estado en el mismo periodo.

Por provincias, Valladolid lidera el registro con 563 excedencias, seguida de Burgos con 464 y León con 328. Salamanca suma 292, Palencia 139, Soria y Segovia 138 y 129 respectivamente, Zamora 129 y Ávila 114. El reparto refleja el peso demográfico de las provincias con mayor población activa.

La evolución, sin embargo, es desigual. Siete provincias registran aumentos, con Soria a la cabeza con un 28,97%, seguida de Segovia con un 16,22% y Ávila con un 11,76%. En cambio, León retrocede un 17,59% y Palencia un 0,71%. Estas variaciones, con bases pequeñas, deben interpretarse con cautela.

El dato adquiere relevancia en el debate sobre la corresponsabilidad en los cuidados. La desproporción entre hombres y mujeres que acceden a estas excedencias evidencia que la conciliación sigue siendo, en la práctica, una cuestión de género. Las políticas de igualdad y los permisos intransferibles buscan corregir ese desequilibrio, aunque los resultados todavía no son homogéneos.

En el plano autonómico, el crecimiento de estas excedencias debe leerse junto a la evolución demográfica y al envejecimiento de la población, factores que condicionan la necesidad de cuidados familiares. Las administraciones tendrán que valorar si los recursos de atención a la dependencia y a la infancia acompañan esa demanda en los próximos años.

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