CCOO presenta demanda judicial contra las universidades por bloqueo en negociación del PDI
La Federación de Empleados Públicos de CCOO en Castilla y León ha interpuesto una demanda ante el Tribunal Superior de Justicia de la comunidad contra las cuatro universidades públicas. La organización denuncia un bloqueo sistemático en las negociaciones del III Convenio Colectivo del Personal Docente e Investigador (PDI) laboral, que afecta a más de 6.200 trabajadores.
El proceso de negociación, iniciado en noviembre de 2017, se encuentra prácticamente paralizado desde mayo de 2023. La única reunión formal se llevó a cabo en febrero de 2026, tras una mediación impulsada por CCOO, en la que se presentó una propuesta unitaria para homologar los salarios del personal docente con otras comunidades autónomas. Desde entonces, las instituciones académicas no han convocado nuevas reuniones ni respondido a la propuesta sindical.
Esta situación ha generado preocupación en el ámbito laboral, ya que la falta de diálogo impide avances en mejoras retributivas y condiciones laborales. La demanda busca que el tribunal obligue a las universidades a establecer un calendario de negociación obligatorio y a participar en las mesas de diálogo, incluyendo a la Consejería de Educación, responsable de garantizar la financiación adecuada para las universidades, según la Ley Orgánica del Sistema Universitario (LOSU).
El conflicto refleja tensiones más amplias en la gestión del sistema universitario en Castilla y León, donde la financiación y la autonomía universitaria son puntos de disputa. La administración autonómica, enmarcada en un contexto de limitaciones presupuestarias y prioridades políticas, ha sido criticada por no facilitar un proceso de negociación efectivo que reconozca los derechos de los docentes.
Desde CCOO consideran que la representación sindical no puede tolerar la pérdida de derechos ni la devaluación de las condiciones laborales del PDI. La organización mantiene el compromiso de seguir defendiendo una negociación justa que refleje las necesidades del personal académico y que impulse la mejora del sistema universitario en la región.
De cara al futuro, la resolución judicial podría marcar un precedente en la relación entre las instituciones universitarias y los sindicatos en Castilla y León. La intervención del TSJ puede ser clave para desbloquear un proceso que afecta a miles de profesionales y al funcionamiento de las universidades públicas en la comunidad.