En un reciente y significativo golpe a la criminalidad en la provincia de Salamanca, la Policía Nacional ha desmantelado una compleja organización delictiva que operaba en el ámbito de la trata de mujeres con fines de explotación sexual. Esta acción se ha materializado gracias a la colaboración ciudadana que se ha concretado a través del correo electrónico [email protected], una herramienta que permite a los ciudadanos denunciar de manera anónima y confidencial los delitos relacionados con la trata de seres humanos.

El operativo ha resultado en la detención de 12 individuos, de los cuales seis han sido colocados en prisión preventiva. Las autoridades también han logrado identificar a 17 víctimas, todas ellas con orígenes en América Latina, quienes fueron atraídas a España mediante promesas fraudulentas de empleo que ofrecían una supuesta mejora económica a través de redes sociales. Una vez en el país, las víctimas fueron sometidas a un severo control y obligadas a trabajar en la prostitución las 24 horas, todos los días de la semana, además de ser forzadas a consumir sustancias ilegales.

La investigación se inició tras recibir una denuncia a través del mencionado correo electrónico, al que se suma la línea telefónica 900105090, ambas herramientas que fomentan la participación ciudadana en la lucha contra el tráfico de personas. Estos mecanismos de denuncia han permitido a la Policía encontrar la pista sobre la existencia de esta organización criminal, que operaba desde Salamanca aprovechando la vulnerabilidad de las mujeres a las que sometía a esta cruel forma de explotación.

Las indagaciones revelaron que la organización tenía una estructura jerarquizada y un reparto muy definido de roles. A través de las redes sociales, establecían contacto con posibles víctimas, prometiéndoles empleos que les permitirían mejorar su situación y ayudar a sus familias. Sin embargo, una vez que llegaban a España, se les retiraba toda documentación y se les imponía la rigurosa obligación de prostituirse, alimentando así un ciclo de miedo y sumisión hacia sus captores debido a su situación irregular en el país.

Las víctimas eran distribuidas entre los diferentes inmuebles que la red mantenía operativos para su actividad delictiva, donde se encontraban bajo constantes amenazas y coerciones. Eran informadas de las exigencias laborales, que incluían estar disponibles permanentemente y consumir drogas para poder cumplir con las exigencias impuestas. Por cada servicio proporcionado, solo recibían el 50% de las ganancias, siendo además objeto de un sistema de multas severo por cualquier incumplimiento de las normas establecidas por la organización criminal.

La investigación también sacó a la luz otras actividades ilegales ejecutadas por los responsables de estos prostíbulos, incluyendo delitos relacionados con la salud pública, haciendo hincapié en el tráfico de drogas. Las víctimas no solo eran obligadas a consumir estas sustancias, sino que incluso se les proporcionaban a los clientes que lo solicitaran durante el tiempo que permanecían en los inmuebles para su explotación sexual.

Como resultado de esta operación, se llevaron a cabo registros simultáneos en cinco viviendas y casas de citas en Salamanca, donde se procedió a la detención de 12 miembros de la organización. En el transcurso de estas incautaciones, se recuperaron 21,000 euros en efectivo, 51 gramos de cocaína, dispositivos de pago electrónico utilizados para las transacciones de servicios sexuales y una considerable cantidad de documentos que están siendo analizados como parte del proceso investigativo.