En un preocupante caso de daño a la fauna, la Guardia Civil está llevando a cabo una investigación en Matapozuelos, Valladolid, en relación con dos hombres que habrían cometido un delito contra la protección de la vida silvestre. Estos individuos son acusados de haber causado la muerte de al menos un milano real, una especie en peligro de extinción según la legislación vigente.

Las penas para este tipo de infracciones son severas, incluyendo prisión de seis meses a dos años, así como multas que oscilan entre ocho y 24 meses. Además, los infractores enfrentarán restricciones especiales para ejercer la actividad cinegética que pueden ir de dos a cuatro años. Si el delito involucra especies en peligro de extinción, la pena se agrava notablemente.

El caso se remonta al 5 de diciembre, cuando los agentes medioambientales comenzaron a investigar tras recibir una alerta de la Sociedad Española de Ornitología. Esta organización había denunciado la desaparición de un milano real marcado con un dispositivo de rastreo, cuya última ubicación no coincidía con su paradero habitual, aunque se descubrió un posible cebo envenenado en las cercanías.

Una inspección conjunta entre la Guardia Civil y los agentes medioambientales reveló pruebas alarmantes de un grave delito contra la fauna. Se encontraron cebos envenenados y trampas de caza ilegales, junto con roedores en estado de intoxicación. La investigación apuntó hacia un cercado destinado a la caza, señalando que el propósito era eliminar depredadores naturales en un intento de aumentar la población de especies cinegéticas.

El milano real, que había sido marcado como pollo en Alemania dentro del proyecto Life Eurokite, era objeto de un seguimiento costoso, con una inversión total que oscila entre los 10.000 y15.000 euros. El dispositivo de rastreo tenía un valor aproximado de 750 euros, lo cual subraya la importancia de la conservación de esta especie.

El milano, que estaba en movimiento regular, dejó de enviar señales, lo que llevó a los agentes al lugar de su última ubicación. Allí, se encontró un cebo envenenado con Aldicarb, una sustancia altamente tóxica utilizada en plaguicidas, que ha sido ilegal desde 2003 por sus efectos nocivos en la fauna y en la salud humana.

El Aldicarb es considerado "muy tóxico" por la Unión Europea y la Organización Mundial de la Salud, y su uso indiscriminado en cacerías ilegales representa una amenaza seria no solo para las especies afectadas, sino también para el ecosistema y la salud pública. La mínima cantidad puede causar daños fatales, evidenciando la gravedad del delito en cuestión.

Por lo tanto, tanto el uso de cebos envenenados como la implementación de métodos de caza prohibidos han puesto a los acusados en aprietos legales. Las diligencias del caso ya han sido entregadas al Juzgado de Primera Instancia e Instrucción de Medina del Campo, así como a la Fiscalía Delegada de Medio Ambiente, donde se espera que se tomen las acciones pertinentes para asegurar justicia en este caso de grave afectación a la fauna.