VALLADOLID, 24 de diciembre.

Recientemente, la Audiencia de Valladolid ha tomado la decisión de imponer una multa de 4.860 euros al empresario agrícola Fabián A.T. por la contratación de trabajadores extranjeros sin la documentación legal correspondiente. Estos empleados fueron utilizados durante la campaña de recolección de patatas en Alaejos en el verano de 2021 sin que se les hubiera dado de alta en la Seguridad Social.

A pesar de que la Fiscalía había solicitado una pena de dos años de prisión por un delito relacionado con los derechos laborales, o, en su defecto, un año por la reiteración en la contratación de trabajadores en situación irregular, el tribunal de la Sección Segunda de lo Penal de la Audiencia Provincial optó por una sentencia más benigna. La pena se redujo a una simple multa diaria durante 18 meses, con el monto de nueve euros, otorgando como atenuante el tiempo de dilación en el proceso.

Durante el juicio, al cual el acusado no asistió, un testigo, vecino de la comunidad donde residen los trabajadores sin papeles, dio cuenta de las malas condiciones en las que eran tratados. Según su testimonio, Fabián se dirigía a su cuadrilla con términos despectivos, como "¡Vamos, perros, a trabajar!", lo que pone de manifiesto un trato poco humano hacia sus empleados temporales.

Este mismo testigo, que vive cerca del lugar donde habitaban los trabajadores, explicó que estos eran principalmente de nacionalidad argelina, siria, colombiana y hasta española. Compartían habitaciones en condiciones precarias y pagaban entre 70 y 80 euros al mes por su alojamiento, proporcionado por su empleador, a quien conocían como Fabián "el italiano". También mencionó que él había tenido que intervenir al enterarse de la situación de estos trabajadores, que vivían con miedo de ser despedidos o denunciados.

Los testimonios revelaron que los trabajadores eran forzados a trabajar bajo condiciones coercitivas, con la amenaza de represalias si intentaban escapar o socializar con los demás. Su empleador les advertía que los españoles eran muy hostiles y podían hacerles abandonar el pueblo, lo cual genera una preocupación adicional por su seguridad.

La situación se tornó crítica el 11 de septiembre de 2021, cuando una patrulla de la Guardia Civil fue enviada a la vivienda después de que un vecino informara sobre una discusión entre Fabián y algunos de sus empleados respecto a un salario adeudado. Los agentes intervinieron, y finalmente, tanto Fabián como su madre acordaron pagar a los trabajadores los jornales que se les debían.

Luego de este incidente, otros tres trabajadores de origen argelino se presentaron en la comisaría para reportar que tampoco habían recibido el pago correspondiente por su labor. Esto dio inicio a una investigación que ha culminado en el juicio actual, en el que se presentó solo uno de los denunciantes, Hamed, quien se conectó por videoconferencia desde Ayamonte (Huelva). Hamed relató que Fabián lo reclutó mientras dormía en un parque y que trabajó para él alrededor de dos meses, percibiendo entre 15 y 17 euros por cada saca de patatas recogida.

El testigo argelino admitió estar en situación irregular en España, sin contrato ni alta en la Seguridad Social. Describió las pírricas condiciones de vida, donde varios trabajadores compartían habitaciones reducidas y debían sumar un costo adicional de cinco euros por el traslado al lugar de trabajo. Hamed también señaló que Fabián ejercía control sobre los empleados, limitando su libertad de movimientos en la comunidad.

A pesar de estas evidencias, la defensa de Fabián demandó su absolución, argumentando que no se habían comprobado los hechos ni se había desvirtuado la presunción de inocencia de su cliente. Sostenía que no había pruebas concluyentes sobre quién era el verdadero empleador de esos trabajadores o sobre la naturaleza de su situación laboral.