VALLADOLID, 17 de octubre.

Un grupo familiar de origen marroquí, compuesto por cuatro hermanos y su madre, ha acordado aceptar una condena de dos años de prisión cada uno, tras confesar su implicación en la explotación laboral de compatriotas indocumentados en el sector agrícola. La sentencia se deriva de su actuación en diversas localidades de Valladolid y regiones adyacentes.

El juicio programado para este caso no se llevó a cabo debido a un pacto entre la defensa y las acusaciones, que incluyó a la Seguridad Social. De este modo, los hermanos A, B, F y M, junto a su madre A, han conseguido una notable reducción de su pena, que inicialmente era de cinco años y medio. Ahora, solo enfrentarán un tiempo de reclusión de dos años, el cual ha sido suspendido por cinco años, durante los cuales estarán bajo vigilancia y sin posibilidad de cometer nuevos delitos.

La decisión del magistrado de la Audiencia de Valladolid establece que cada uno de los acusados debe cumplir un año y medio de prisión, así como una multa de 230,000 euros, además de la prohibición de recibir ayudas públicas y beneficios fiscales por tres años debido a sus delitos contra la Seguridad Social. Esta pena se atenuó por su pronta reparación de daños, habiendo abonado ya 20,000 euros, y se sumó a otra multa de 2,160 euros por vulnerar derechos de los trabajadores, junto a seis meses más por formar parte de un grupo criminal.

En cuanto a la responsabilidad civil, la familia deberá reunir 205,000 euros para cubrir los daños ocasionados a la Seguridad Social, descontando los pagos ya realizados. Esta suma debe ser pagada de manera conjunta y solidaria, reflejando la gravedad de sus acciones.

Los acusados, que han confesado su autoría en los delitos, se han comprometido a pagar 400 euros mensuales, lo que les permitirá eludir el encarcelamiento. Esto se acompaña de la condición de no volver a delinquir durante cinco años, además de estar disponibles para el tribunal y notificar cualquier cambio de residencia.

La Fiscalía de Valladolid había solicitado previamente una pena total de cinco años y medio de cárcel para cada integrante de esta familia, acusada de formar un grupo delictivo que contrataba a trabajadores agrícolas sin alta en la Seguridad Social.

Los cinco implicados, todos marroquíes y relacionados por lazos familiares, se habían organizado para ofrecer servicios agrícolas en Valladolid y áreas cercanas, evitando pagar las cotizaciones correspondientes tanto para los trabajadores como para ellos mismos.

Con el fin de aparentar que cumplían con sus obligaciones fiscales, se registraron varias veces como empresarios independientes en el Régimen General de la Seguridad Social, a pesar de que la actividad principal era solo un mero soporte agrícola. Este esquema buscaba crear una ilusión de legalidad mientras acumulaban deudas significativas con la administración, alcanzando los 225,125 euros.

Además, según las inspecciones realizadas en 2022 por la Inspección de Trabajo en varios campos en Chañe y Cantalejo, había evidencia de que empleaban a compatriotas sin papeles para la cosecha, es decir, personas sin permiso de residencia y trabajo.