VALLADOLID, 28 de enero.

La Audiencia de Valladolid se prepara para un juicio con jurado popular que tendrá como protagonista a S.L.G, el encargado de la gasolinera Valcarce en San Vicente de Palacio. El caso se centra en un presunto delito de cohecho ocurrido en febrero de 2021, en el que, según la acusación, el imputado ofreció una gratificación de más de 7.000 euros al alcalde con el objetivo de evitar que se llevara a cabo la demolición de un talud ilegal e irregular construido en el área de servicio.

Este esperado juicio comenzará el miércoles, 4 de febrero, con la selección del jurado y la declaración del acusado, extendiéndose hasta el día siguiente, dedicado a las versiones del denunciante y otros testigos, así como a la presentación de los informes de las partes involucradas, tanto de la acusación como de la defensa, según han informado fuentes cercanas al caso.

Tanto la fiscalía como la acusación popular han solicitado una pena de prisión de tres años y medio, además de multas que oscilan entre 2.160 y 2.880 euros, así como una inhabilitación especial que podría alcanzar entre nueve y diez años.

Durante el juicio, que llevará a cabo la Sección Segunda de lo Penal de la Audiencia, se revisarán los antecedentes que datan de 2013, cuando el 11 de febrero un decreto del Alcalde interrumpió las obras del talud ejecutadas por la empresa Valcarce. Esta paralización se debió a la falta de un proyecto que respaldara la construcción en la gasolinera situada en la autovía A-6 dentro del término municipal.

El conflicto entre el Ayuntamiento y la empresa llevó a un contencioso administrativo que, a pesar de la resistencia de la mercantil, culminó en una sentencia que obligaba a la demolición del talud hecho para la instalación de paneles solares. La negativa de la empresa a cumplir con esta sentencia resultó en varias multas coercitivas impuestas por el consistorio de San Vicente de Palacio.

Sin embargo, el supuesto cohecho ocurrió, conforme a las acusaciones, los días 9 y 10 de febrero de 2021, cuando el alcalde y S.L.G mantuvieron varias conversaciones en las instalaciones de la gasolinera. Según la acusación, el encargado ofreció al alcalde una suma de dinero a cambio de que desatendiera la orden de demolición.

"No seas bobo, estas cosas se solucionan con dinero negro, simplemente mira para otro lado", es lo que sostienen que el acusado expresó al alcalde el 9 de febrero. Al día siguiente, durante otra visita, S.L.G habría repetido la oferta, esta vez especificando que la cantidad podría llegar hasta los 7.000 euros, prácticamente la mitad del costo total de 15.000 euros de la demolición.

El alcalde de San Vicente rechazó la oferta y, en consecuencia, decidió presentar una denuncia sobre estos incidentes.