VALLADOLID, 30 de septiembre. La situación financiera de Castilla y León se ha vuelto más preocupante, con su deuda pública alcanzando los 14.558 millones de euros durante el segundo trimestre de 2025. Esta cifra representa un 18,8 por ciento del Producto Interior Bruto (PIB), según la información preliminar proporcionada por el Banco de España.

El incremento en la deuda es notable: ha subido en 614 millones respecto al primer trimestre de este año, lo que equivale a un crecimiento del 4,2 por ciento. Además, comparado con el mismo periodo del año pasado, se han sumado 712 millones, es decir, un aumento del 4,8 por ciento.

Estos datos marcan un récord histórico, ya que la cifra de deuda actual es la más alta registrada desde 2006. Castilla y León se sitúa como la sexta comunidad autónoma con mayores niveles de deuda, superada solo por regiones como Cataluña, Valencia o Andalucía.

En términos porcentuales, la deuda respecto al PIB ha incrementado en cinco décimas en comparación con el primer trimestre de 2025, cuando se encontraba en un 18,3 por ciento. Sin embargo, este porcentaje es ligeramente inferior al 18,9 por ciento registrado en el mismo periodo del año anterior, lo que plantea un escenario de preocupación constante.

En el contexto global de las comunidades autónomas, durante el segundo trimestre de 2025, la deuda total alcanzó los 342.805 millones de euros, representando el 21 por ciento del PIB. Este porcentaje se ha mantenido estable en comparación con el primer trimestre, aunque ha disminuido levemente respecto al 21,8 por ciento del segundo trimestre de 2024.

Notablemente, cuatro comunidades se destacan por mantener su deuda por debajo del umbral del 13 por ciento del PIB, de acuerdo con la Ley de Estabilidad. Estas son Navarra, País Vasco, Canarias y Madrid, cada una mostrando un manejo financiero más responsable.

Por el contrario, la Comunidad Valenciana lidera la lista de las que más carga de deuda soportan, con una alarmante ratio del 39,9 por ciento, seguida de Murcia y Cataluña, lo que refleja un desafío significativo para estas regiones en cuanto a la gestión de sus pasivos.

En el ámbito local, la deuda de las corporaciones municipales se cifra en 23.338 millones de euros, que corresponde al 1,4 por ciento del PIB, una leve disminución en comparación con el año anterior. Los ayuntamientos de las capitales provinciales concentran la mayor parte de esta deuda, con 8.000 millones de euros, mientras que los demás municipios suman 11.000 millones.

Entre los municipios con más de 300.000 habitantes, su carga de deuda ha crecido un 4 por ciento con respecto al año anterior, alcanzando un total de 5.500 millones de euros. Madrid es la ciudad con el mayor saldo de deuda, seguido por Barcelona y Zaragoza.

La situación de las Administraciones de Seguridad Social también es alarmante, con una deuda de 126.178 millones, un 8,6 por ciento más que el año anterior, lo que representa un 7,7 por ciento del PIB.

En el ámbito nacional, la deuda de todas las administraciones públicas ha alcanzado un récord de 1,691 billones de euros, manteniendo su porcentaje en el 103,4 por ciento del PIB. Aunque esta cifra se ha reducido ligeramente en comparación con el año anterior, sigue lejos de los niveles considerados "prudentes".

Si bien el Gobierno español prevé una reducción gradual de la deuda en los próximos años, estableciendo metas concretas para 2025, 2027, 2031 y 2041, no se han especificado medidas claras para bajar por debajo del umbral del 60 por ciento que exige Bruselas, lo que deja a muchos ciudadanos con incertidumbre.

En resumen, la deuda pública en España ha aumentado en valores absolutos, revelando una tendencia que podría tener consecuencias negativas para el futuro económico del país si no se toman acciones decisivas y responsables en la gestión de las finanzas públicas.