Castilla y León tramita 15.118 prestaciones por nacimiento hasta septiembre
La Seguridad Social tramitó 15.118 prestaciones por nacimiento en Castilla y León hasta septiembre, con un gasto de 135,14 millones.
La Seguridad Social tramitó 15.118 prestaciones por nacimiento y cuidado de menor en Castilla y León entre enero y septiembre de 2026, con un gasto de 135,14 millones de euros. Los datos, difundidos por el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, sitúan a la comunidad en octavo lugar del conjunto de España.
El reparto por progenitor muestra que 7.003 prestaciones correspondieron al primer progenitor, habitualmente la madre, y 8.115 al segundo, normalmente el padre. Además, 1.118 expedientes se tramitaron en familias monoparentales. El dato refleja una presencia creciente de los padres en el uso de este permiso, aunque la brecha de uso sigue siendo visible.
Por provincias, Valladolid encabeza las cifras con 3.635 prestaciones y 34,36 millones de euros de gasto. Le siguen Burgos, con 2.583, y León, con 2.303. Zamora cierra la clasificación con 741 prestaciones. La distribución confirma el peso demográfico y económico de las capitales y de los grandes núcleos urbanos frente al medio rural.
En el conjunto del país, la Seguridad Social tramitó 374.638 prestaciones en el mismo periodo, un 5,2 por ciento más que un año antes. El gasto nacional alcanzó 3.564,8 millones de euros, lo que supone un incremento del 24,8 por ciento respecto a 2025. El crecimiento del importe es muy superior al del número de expedientes, lo que apunta a una subida del coste medio por prestación.
La duración media de las prestaciones activas fue de 114 días, con una diferencia de tres días entre hombres y mujeres. El tiempo medio de tramitación se situó en 8,1 días. Ambos indicadores son relevantes para valorar la eficacia administrativa del sistema y su impacto real en la conciliación familiar.
Las cifras plantean un debate de fondo sobre la sostenibilidad del modelo y la igualdad en el reparto de los cuidados. El aumento del gasto obliga a seguir de cerca la evolución presupuestaria, mientras que la comunidad, con una población envejecida y una natalidad reducida, observa estos datos como un indicador clave para afrontar el reto demográfico en los próximos años.