Un reciente fallo judicial en la Audiencia Provincial de Valladolid ha llevado a la absolución de Roberto A.A.D, un joven de 23 años de origen rumano, quien enfrentaba acusaciones de agresión sexual y lesiones. La decisión del tribunal, que se considera un respaldo a la presunción de inocencia, ha generado controversia y debatido sobre la percepción del consentimiento en relaciones íntimas.

Los acontecimientos que condujeron a esta decisión ocurrieron en la madrugada del 11 de febrero de 2024 en el bar discoteca Imperium, un establecimiento situado en Medina del Campo. Según los hechos probados, el acusado y la presunta víctima, de 36 años, no se conocían previamente, pero tras coincidir en el local comenzaron a bailar, besarse e intercambiar números de teléfono, lo que sugiere un inicio de relación consentido.

Después de que el local cerrara, ambos optaron por ir al domicilio de la mujer, que se encontraba con otros familiares, lo que les llevó a elegir un portal para mantener relaciones sexuales, bajo lo que el tribunal consideró como un “mutuo acuerdo”. La situación se tornó complicada cuando una vecina, al percatarse de la actividad en el umbral, encendió la luz y, lejos de interpretar la escena como un acto violento, les invitó a continuar.

La pareja mantuvo una breve conversación en el portal, durante la cual el hombre sugirió reiniciar el acto sexual, a lo que la mujer accedió de forma parcial. Sin embargo, tras un breve lapso, la mujer decidió interrumpir la actividad sexual y dejó que el hombre se marchara. Acordaron permanecer en contacto por redes sociales, dejando abiertas las posibilidades de futuras interacciones.

Tras regresar a su hogar, la mujer se mostró agitada y compartió con su hermana que había sido víctima de un intento de violación, lo que la llevó a presentar una denuncia y buscar atención médica, donde se reportaron lesiones y un diagnóstico de trastorno por estrés postraumático. Su proceso de recuperación ha sido complejo y ha superado los 100 días.

A pesar de las alegaciones de la víctima, el tribunal determinó que no había pruebas suficientes para catalogar la situación como un delito de agresión sexual o lesiones. La sentencia destacó la falta de evidencia concluyente sobre la ausencia de consentimiento o el uso de violencia, lo que llevó a aplicar el principio de presunción de inocencia a favor del acusado, cuyo status sigue siendo el de un procesado en prisión provisional desde el 13 de febrero de 2024.

La decisión puede ser apelada en un plazo de diez días ante el Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León, abriendo así un debate sobre la complejidad de las situaciones de consentimiento y el impacto de las decisiones judiciales en casos de esta naturaleza.