VALLADOLID, 19 Ene.

Este lunes, las defensas de los hermanos Patricio, Miguel Ángel y Alejandro Llorente, involucrados en el controvertido proceso judicial conocido como la "trama eólica", han solicitado a la Audiencia de Valladolid un fallo absolutorio. Su argumento no radica en la falta de pruebas, sino en la afirmación de que todas las actividades que llevaron a cabo en el sector eólico durante los últimos diecisiete años han sido completamente "legales". Aseguran, además, que no existió relación alguna con el exviceconsejero de Economía, Rafael Delgado, el único alto cargo implicado en el caso, y mucho menos una amistad.

El primer abogado en presentar su defensa fue el representante de Patricio Llorente, quien dedicó más de una hora y media a exponer sus argumentos. Aunque el juicio, que se inició hace cuatro meses, se encuentra en sus últimos días, el letrado volvió a manifestar su frustración por no tener claridad sobre las acusaciones que enfrenta su cliente. Considera que esto es una violación de los derechos de defensa y critica la acusación, afirmando que presenta una "realidad distorsionada". A pesar de esto, a los hermanos Llorente se les exigen penas de seis años de prisión y multas de 45 millones de euros, como cooperadores en un delito continuado de cohecho.

Con un tono irónico, el defensor comentó: "Llevamos más de cuatro meses de juicio y, a pesar de mis esfuerzos, sigo sin encontrar el cohecho que se me acusa". Apuntó que, en caso de condena, invocaría atenuantes por dilaciones indebidas, alegando que el proceso ha sido "excesivamente largo y sin justificación", además de la cuasi-prescripción, dado que han pasado más de dos décadas desde que se dieron los hechos en 2004.

El abogado recalcó que incluso el Fiscal Anticorrupción ha reconocido que sus defendidos son los únicos investigados con interés real en el sector eólico. Este interés, según se ha demostrado, comenzó cuando Collosa inició operaciones en el sector gasístico con Endesa en 1993 y, a partir de 1999, en el ámbito de los parques eólicos, participando en la construcción de hasta 41 instalaciones en Castilla y León y otras regiones.

El contexto de las acciones de Collosa, según el abogado, se da en un entorno en el que se promovió la participación de empresarios locales en el sector eólico, algo que hicieron otras empresas como Helios y Eolia, que no están siendo juzgadas a pesar de haber obtenido beneficios similares. En este sentido, el defensor cuestionó por qué el nombre de Patricio Llorente aparece en el caso bajo la especulación de una supuesta amistad con el exviceconsejero Rafael Delgado, amistad que, como afirmó, no ha sido probada durante el juicio.

El defensor continuó explicando que, de acuerdo a los testimonios recogidos, no se ha demostrado que hubo cualquier delito en la supuesta colaboración entre la Junta y socios locales, asegurando que Rafael Delgado actuó en línea con las instrucciones del entonces consejero de Economía, Tomás Villanueva, y otros altos cargos. Se cuestionó, en consecuencia, cuál fue la verdadera participación de su cliente en estos hechos.

Así, el representante legal de Patricio Llorente defendió que todas las transacciones de la división Inverduero, relacionada con el sector eólico, fueron legítimas. Afirmó que las operaciones llevadas a cabo por la empresa, incluyendo la entrada y eventual venta de participaciones en diversas sociedades, se realizaron sin la intervención de la Junta, y los beneficios obtenidos por la firma, que ascendieron a 15 millones de euros, estaban destinados a refinanciar una deuda que alcanzaba los 241 millones debido a la crisis de 2008.

El abordaje de la crisis llevó a Collosa a adoptar diversas medidas, incluyendo la venta de activos no estratégicos y desinversiones en el sector, proceso que terminó por reducir la deuda de 241 millones en 2009 a solo 27 millones en 2017.

En línea con la defensa de los demás hermanos, el abogado de Miguel Ángel y Alejandro también criticó la falta de claridad en las acusaciones y la elongación del proceso jurídico, solicitando atenuantes similares. Además, denunció las irregularidades procesales derivadas de una investigación previa que se extendió durante dos años sin notificación.

Finalmente, el abogado defendió que no existe responsabilidad civil que reclamar, dado que los hermanos Llorente no tuvieron relación con las empresas que reclaman indemnizaciones, subrayando que, si no hay relación causal, no puede existir base para una reclamación.

El juicio por la "trama eólica" retomará sus sesiones este martes, enfocándose en los informes de los responsables civiles.