En la ciudad de Santiago de Compostela, el 14 de junio, se ha dado a conocer un caso que ha llamado la atención de las autoridades locales y ha suscitado preocupaciones sobre la seguridad en las carreteras. El Grupo de Investigación y Análisis de Tráfico (GIAT) de la Guardia Civil de Galicia ha emprendido una investigación en contra de un matrimonio de la provincia de León, quienes son sospechosos de haber cometido un delito de falsedad documental.

Los hechos se remontan al 4 de febrero de 2025, cuando los agentes de Tráfico de la Guardia Civil en A Coruña, durante una inspección rutinaria de transporte, notaron una irregularidad en las tarjetas digitales de conductor que portaban los esposos. Ambos, que se desempeñan como conductores profesionales, estaban utilizando sus tarjetas de forma intercambiada, una maniobra planeada para eludir los períodos de descanso exigidos por la ley y así extender su tiempo de conducción.

Fruto de estas acciones, las autoridades están llevando a cabo una investigación en la que los dos conductores son considerados como presuntos responsables de falsedad documental en documento oficial, dado que manipularon tanto los datos de sus tarjetas digitales como los registros de sus tacógrafos. Esta conducta no solo compromete la integridad del sistema de transporte, sino que también pone en riesgo la seguridad de otros usuarios de la vía.

Además de la posible consecuencia penal para los implicados, las empresas para las que trabajan los conductores se enfrentarán a sanciones administrativas que podrían variar entre 2.001 y 4.001 euros, bajo el marco de graves infracciones que afectan la seguridad vial. Este hecho resalta la importancia de los controles en el sector del transporte y la responsabilidad que recae en las empresas para garantizar que sus empleados cumplan con la normativa vigente.

La Guardia Civil subraya que la tarjeta digital de conductor es un documento cuyo uso es estrictamente personal y que solo debe ser utilizado por su legítimo titular, lo que refuerza el compromiso de las autoridades de salvaguardar la seguridad en las carreteras y de mantener la integridad de las normas de transporte.