El secretario general de la Unión General de Trabajadores (UGT), Pepe Álvarez, ha manifestado en Segovia que, si el proyecto de ley destinado a reducir la jornada laboral a 37 horas y media no se discute y aprueba en el Congreso, el sindicato adoptará medidas para ejercer presión sobre los partidos políticos que se opongan a este debate.

Durante una conferencia de prensa en la que estuvo acompañado por el secretario regional, Óscar López, Álvarez destacó que el sindicato persigue dos objetivos fundamentales: el aumento de salarios y la disminución de la jornada laboral.

Álvarez subrayó la necesidad de elevar los salarios en el país, apuntando a los beneficios de muchas empresas del sector privado que están generando grandes ganancias. También mencionó el sector público, que cuenta con un nivel de recaudación adecuado. Las declaraciones se producen en un contexto donde, según él, aún hay incertidumbre sobre los salarios en 2025.

El líder sindical criticó la política fiscal de algunas comunidades autónomas, sugiriendo que el dinero que se destina a incentivos fiscales para los más adinerados debería ser utilizado para mejorar los servicios públicos. En su argumento, sugirió que parte de los beneficios obtenidos por las grandes empresas debería ser repartida entre los trabajadores que contribuyeron a generarlos, en lugar de ser dirigida solo a los accionistas.

Pepe Álvarez hizo hincapié en la necesidad de propiciar un debate sobre la reducción de jornada en el Congreso. Avisó que, si esta discusión no tiene lugar, el sindicato estará dispuesto a recordar democráticamente a los diputados y diputadas la importancia de este asunto.

El líder de UGT explicó que su enfoque "democrático" significa que se fomentará la participación ciudadana, instando a la gente a conversar con sus representantes para recordarles que desde 1983 no se ha realizado una reducción del tiempo de trabajo en España.

Según Álvarez, la cuestión de la reducción de jornada no se limita a una disputa entre el Gobierno y la oposición, sino que representa un reclamo de la sociedad española frente a quienes se niegan a abordar este tema. Considera que el proyecto de ley en cuestión refleja los deseos de la vasta mayoría de los ciudadanos españoles.

Álvarez rechazó la idea de que la reducción de jornada perjudique especialmente a las pequeñas y medianas empresas, y argumentó que también afecta a grandes corporaciones como Carrefour y Mercadona. Insistió en que, si no se avanza en la cuestión, será necesario intensificar la movilización social, aunque siempre con respeto y firmeza.