Los líderes de CCOO y UGT en Castilla y León han manifestado su satisfacción por la atención que ha recibido en Bruselas su propuesta en defensa de las regiones afectadas por deslocalizaciones de producción. Ana Fernández de los Muros y Óscar Lobo, máximos responsables de ambos sindicatos, han destacado el impacto positivo que su iniciativa ha tenido en el Parlamento Europeo y el Comité Económico y Social Europeo (CESE).

La declaración de Fernández de los Muros se produce tras dos días de reuniones en la capital belga, donde los sindicatos han conseguido obtener compromisos significativos. Según la líder sindical, se está gestando un dictamen que apoyaría su propuesta, lo cual sentaría las bases para un informe que los grupos parlamentarios mayoritarios, tanto socialdemócratas como del PP europeo, están preparando. Este informe tiene como objetivo solicitar una audiencia ante la Comisión de Empleo del Parlamento Europeo y promover un debate sobre la necesidad de regular estas deslocalizaciones.

Fernández de los Muros ha enfatizado la urgencia de implementar regulaciones, manifestando que el problema no solo afecta a Castilla y León, sino que es una cuestión que trasciende fronteras y que impacta negativamente en otras regiones europeas. "Es vital que esta cuestión sea abordada con seriedad en Europa, y esperamos contar con una regulación pronto", aseguró la representante de CCOO.

Por su parte, Óscar Lobo, de UGT, se mostró optimista respecto a la viabilidad de la propuesta tras observar el interés mostrado en Bruselas. Sostiene que el respaldo a la iniciativa podría traducirse en acciones concretas dentro del Parlamento Europeo y las comisiones competentes, tanto la de Industria como la de Empleo, además del mencionado CESE.

"Estamos contentos con la respuesta obtenida y redoblaremos nuestros esfuerzos de presión ante la UE para establecer límites a las deslocalizaciones malintencionadas", declaró Lobo, quien destacó el impacto devastador que estas medidas han tenido en Castilla y León. Asimismo, acusó a algunas compañías de beneficiar de forma desmesurada de subsidios públicos mientras desmantelan sus operaciones, lo que arrastra a zonas rurales a situaciones de vulnerabilidad y desamparo económico.

Con esto en mente, ambos sindicatos han elevado su preocupación al Parlamento Europeo, exigiendo una regulación que permita identificar y proteger áreas sensibles frente a estas prácticas empresariales y facilitar que otros inversores puedan hacerse cargo de las plantas afectadas, garantizando así la continuidad de la actividad económica y la preservación del empleo local.