VALLADOLID, 29 de enero. La reciente investigación llevada a cabo por los Inspectores de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural de la Junta ha revelado un alarmante caso de maltrato animal en una explotación en Tudela de Duero, Valladolid. Se ha determinado que 12 gallos han sido objeto de mutilaciones en sus crestas y barbillas, y se ha confirmado la presencia de un total de 132 ejemplares pertenecientes a la raza española combatiente en dicho establecimiento.

Como resultado de estas constataciones, la Guardia Civil ha iniciado una investigación contra un individuo de 51 años de edad, de nacionalidad dominicana. Este sujeto es sospechoso de haber cometido un delito contra los animales debido a la mutilación sufrida por 12 gallos de la mencionada raza, y se ha determinado que carecía de la necesaria certificación veterinaria, además de no tener trazabilidad sobre los animales involucrados.

La situación salió a la luz el 16 de enero, cuando la Guardia Civil anunció el descubrimiento de un criadero ilegal de gallos de combate en la localidad vallisoletana. En su operación, se encontraron 136 ejemplares hacinados en jaulas, de los cuales doce machos presentaban el severo daño de tener sus crestas cortadas, un claro indicativo de prácticas inadecuadas y crueles.

Las autoridades, en estrecha colaboración con los inspectores de Agricultura de la Junta, llevaron a cabo un exhaustivo recorrido por las instalaciones del criadero. Este recorrido puso de manifiesto que el establecimiento operaba sin las autorizaciones, licencias o permisos que la legislación vigente exige para este tipo de actividad.

Además de las acciones penales que se han iniciado, el individuo investigado ha sido objeto de una serie de denuncias en el ámbito administrativo. Se le imputa el ejercicio de su actividad sin contar con la licencia ambiental requerida, así como por haber comenzado operaciones sin la debida inscripción en el registro de explotaciones ganaderas. Asimismo, se le ha denunciado por no presentar documentación que certifique que la amputación de los gallos fue por razones terapéuticas, por carecer del documento sanitario de traslado que acredite el origen de los animales y por no estar inscrito en la Seguridad Social, lo cual levantó aún más sospechas sobre la legalidad de su negocio.