El voto de abstención de Vox en la votación de una Proposición No de Ley (PNL) presentada por el PSOE ha tenido un impacto significativo en la política de juego en Castilla y León, forzando a la Junta a modificar la Ley del Juego apenas seis meses después de su aprobación en las Cortes. Esto pone al Partido Popular en una posición solitaria al defender esta normativa, ya que el resto de grupos coinciden en la necesidad de que sea más contundente en la protección de grupos vulnerables al juego.
El Grupo Parlamentario Popular ha sido el único en votar en contra de la iniciativa socialista, lo que ha llevado a la aprobación de la PNL que pide a la Junta que reforme la Ley del Juego. Según los socialistas, la normativa actual no protege adecuadamente a los grupos vulnerables y beneficia principalmente a las empresas del sector.
Estas fueron las palabras de la procuradora del PSOE, Yolanda Sacristán, quien defendió enérgicamente la PNL, contando con la abstención de Vox. Considera esencial que la ley incluya medidas para evitar la cercanía de establecimientos de juego a centros educativos, proponiendo una distancia mínima de 500 metros, algo que fue rechazado anteriormente.
Sacristán lamentó que la ley actual no ponga suficiente énfasis en la protección de los más vulnerables frente a la adicción al juego, y argumentó que más bien está orientada a favorecer a las empresas del sector. Por ello, demanda una legislación que realmente proteja a aquellos que padecen o pueden padecer problemas de ludopatía.
En contraposición, el procurador del PP, Francisco Javier Carpio, defendió la ley aprobada en marzo y cuestionó la necesidad de debatir nuevamente una norma tan reciente. Asegura que la Ley del Juego de Castilla y León es moderna y efectiva en la prevención de la ludopatía, achacando los problemas al ámbito estatal y no regional.
Finalmente, Carpio señaló al PSOE la necesidad de instar al Gobierno de Pedro Sánchez a modificar su propia legislación, indicando que el problema real reside en la normativa a nivel nacional y no en la autonomía de Castilla y León.
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