VALLADOLID, 2 de febrero.

El lunes, la Diputación Permanente de las Cortes de Castilla y León pasó por unanimidad un Decreto-Ley que autoriza un incremento salarial para el personal público de la Comunidad Autónoma, con un impacto económico total de 403 millones de euros para los años 2025 y 2026.

Dicha subida abarca a los empleados de las universidades públicas y los colegios concertados y se descompone en 340 millones destinados a gastos de personal y 63 millones para transferencias corrientes, en línea con los acuerdos sobre retribuciones en el ámbito educativo concertado.

El consejero de Economía y Hacienda, Carlos Fernández Carriedo, subrayó que este Decreto-Ley, presentado el 18 de diciembre de 2025, ofrece "una solución inmediata" a las directrices marcadas por el Gobierno español en el Real Decreto-Ley del 2 de diciembre, a pesar de que grupos opositores han criticado la medida, calificándola de "migajas" desde el PSOE, mientras que Vox la ha tildado de "treta y farsa" y UPL la considera "timorata".

Fernández Carriedo insistió en que el Decreto-Ley en cuestión se limita "estrictamente" a su título, evitando incluir elementos adicionales que pudieran generar conflictos entre las diferentes facciones parlamentarias, a diferencia del controvertido 'Decreto ómnibus' del Ejecutivo nacional, del que también se hizo eco el portavoz del Grupo Popular, Ricardo Gavilanes, quien se refirió en tono crítico a la mezcla de temas presentada por el gobierno central.

La portavoz del Grupo Socialista, Patricia Gómez Urbán, contraatacó indicando que la aprobación de la subida salarial fue posible gracias a las políticas del Gobierno de España, y no a los esfuerzos de la Junta; al tiempo que defendió a los empleados públicos como "la auténtica marca España", acusando al Partido Popular de intentar privatizar el sistema público en los últimos años.

Desde Vox, su portavoz David Hierro centró sus críticas en el método utilizado por el Gobierno Regional para implementar el incremento, sugiriendo que se trató de un Decreto-Ley presentado "por la puerta de atrás" y "justo un mes antes de las elecciones". Acusó al presidente autonómico, Alfonso Fernández Mañueco, de copiar el estilo del Presidente Sánchez en lugar de optar por el "modelo de acuerdo".

"¿Es esta la estabilidad que el señor Mañueco espera para Castilla y León en el futuro? ¿Décretos de ley en lugar de llegar a consensos que integren las propuestas de la oposición?", cuestionó Hierro, además de manifestar su preocupación por la falta de transparencia del Partido Popular, que según su opinión, se siente con una autonomía indebida.

En lo que respecta a la posición del Grupo Parlamentario UPL-Soria 'Ya', su portavoz, Luis Mariano Santos, calificó el aumento salarial como "timorato" y "carente de ambición", sugiriendo que el método de tramitación por Decreto-Ley refleja "una política de debilidad" por parte de las administraciones, en referencia a los gobiernos nacional y autonómico.

Santos argumentó que si realmente se buscaba reconocer la labor de los empleados públicos, se habrían propuesto complementos salariales que mejoraran sus condiciones. "Si no lo hacen, es porque realmente no lo reconocen, solo lo dicen de boquilla", concluyó.