En la jornada del 31 de enero, Alfonso Fernández Mañueco, líder del Partido Popular en Castilla y León, dejó claro su apoyo incondicional hacia sus consejeros Carlos Fernández Carriedo, Isabel Blanco y Juan Carlos Suárez-Quiñones, aunque adelantó que no encabezarán las listas en las próximas elecciones provinciales.

Durante una rueda de prensa llevada a cabo el sábado, Mañueco defendió que es natural que el presidente del PP en León, Suárez-Quiñones, y la titular de la campaña electoral, Isabel Blanco, no se centren en competiciones de distritos, sino en su papel en la comunidad, resaltando la importancia de su liderazgo en la estrategia electoral autonómica.

La candidatura por la provincia de Zamora estará liderada por Leticia García, quien asumirá la responsabilidad en ese territorio. Mañueco también indicó que, en el caso de que se requieran alianzas tras las elecciones de marzo, su exigencia será que se dialoguen exclusivamente asuntos pertinentes a Castilla y León y el desarrollo de un proyecto sólido para el futuro de la región.

El presidente regional enfatizó la necesidad de que todos los partidos actúen con seriedad, subrayando que cualquier pacto debe tener un compromiso de duración de cuatro años, y que no se puede dejar a la deriva a la gente de Castilla y León a mitad del camino.

A pesar de su disposición a la colaboración, Mañueco expresó su clara preferencia por un gobierno unipartidista, afirmando que su objetivo es salir a ganar con un resultado contundente. Recordó su experiencia tanto en gobiernos de coalición como en solitario, manifestando que la gestión más efectiva ha sido bajo un ejecutivo unipersonal, dejando que el electorado decida su futuro mediante su voto.

El líder del PP también destacó las iniciativas de apoyo al autoempleo femenino implementadas durante su administración, haciendo hincapié en la importancia de una financiación autonómica que refuerce los servicios públicos y no los acuerdos con grupos separatistas a nivel nacional.

Por último, Mañueco criticó la actual propuesta de financiación del gobierno central, tildándola de una entrega a las exigencias de los separatistas, lo que podría comprometer infraestructura fundamental, como centros de salud y colegios, así como el mantenimiento de servicios como el transporte gratuito para los jóvenes en Castilla y León.