VALLADOLID, 10 de junio. La Junta de Castilla y León, a través de su consejero de Economía y Hacienda, Carlos Fernández Carriedo, ha puesto de manifiesto este martes su compromiso con la rápida resolución de las ayudas destinadas a la rehabilitación energética. En el marco de un Pleno, Fernández Carriedo aseguró que se están haciendo esfuerzos para acelerar los pagos de estas subvenciones, a pesar de haber enfrentado trámites que han calificado como "complejos".

Durante la sesión, el consejero defendió la eficacia de la Junta al implementar la convocatoria autonómica para estas ayudas, en respuesta a un cuestionamiento del procurador socialista Luis Briones, que había criticado los retrasos en los pagos, a pesar de que muchos ciudadanos ya han realizado sus inversiones confiando en este apoyo económico.

Fernández Carriedo reconoció que la normativa a nivel nacional presenta exigencias administrativas bastante estrictas, pero enfatizó que la administración regional ha logrado actuar con rapidez en la concesión de ayudas, y que las solicitudes ya están en la fase de pago. El objetivo es avanzar lo más rápidamente posible en este proceso para atender a las necesidades de los ciudadanos afectados.

El consejero manifestó su comprensión hacia las dificultades que enfrentan muchas familias con la documentación requerida y aseguró que se están implementando medidas para facilitar el proceso dentro de los plazos establecidos. Resaltó que la Junta ha conseguido convocar estas ayudas en un tiempo récord y ha cumplido con los requisitos de agilidad exigidos por la Unión Europea.

A pesar de estos esfuerzos, Luis Briones continuó insistiendo en los problemas con los pagos, señalando que los vecinos de diversas localidades se encuentran en una situación crítica, con subvenciones impagas que suman miles de euros. "Estas explicaciones no satisfacen a los ciudadanos que esperan recibir sus fondos", enfatizó el procurador.

Briones recalcó que las ayudas fueron convocadas en noviembre de 2020 y que, hasta la fecha, no se ha realizado ningún pago, a pesar de que ya han pasado tres años desde su concesión. Cuestionó la capacidad de gestión del Gobierno autonómico, expresando un claro escepticismo sobre su competencia al preguntar: "¿Y ustedes presumen de ser buenos gestores? La realidad muestra lo contrario".

Como un caso específico de esta problemática, el procurador socialista citó a dos comunidades de propietarios en Aranda de Duero a quienes se les aprobó una subvención de más de 93.000 euros en septiembre de 2022, financiada en parte por fondos europeos. Los vecinos, frustrados por la falta de respuestas y por tener que ir de oficina en oficina, podrían verse obligados a llevar el asunto a los tribunales para intentar recuperar el dinero que les corresponde.