Castilla y León movilizará 378 millones para vivienda con el Plan Estatal 2026-2030

La Junta de Castilla y León ha autorizado la firma del convenio de ejecución del Plan Estatal de Vivienda 2026-2030. El acuerdo movilizará 378 millones de euros en la Comunidad. La Administración autonómica aportará 151,2 millones, un 40 por ciento del total asignado.

El Consejo de Gobierno dio luz verde a la vicepresidenta segunda para suscribir el documento. El importe destinado a la Comunidad representa el 5,4 por ciento de los 7.000 millones que conforman el plan estatal. El resto de la financiación corresponde al Gobierno central.

Qué hay detrás de este reparto. El convenio es el instrumento jurídico previsto en el real decreto que regula el plan. Sin su firma, las medidas no pueden desplegarse sobre el terreno. La cofinanciación obliga a ambas administraciones a comprometer recursos durante varios ejercicios.

La aportación autonómica se repartirá en cuatro anualidades, entre 2027 y 2030, con 37,8 millones cada año. El Estado, por su parte, asumirá su parte en cinco anualidades, desde 2026 hasta 2030, con 43,2 millones el primer año y 45,9 millones en cada uno de los cuatro siguientes. El calendario escalonado permite planificar, aunque también exige sostener el compromiso presupuestario en el tiempo.

El plan se articula en tres líneas. La primera, con 151,2 millones, busca aumentar la oferta de vivienda social y asequible. La segunda, con 113,4 millones, financia la rehabilitación de inmuebles, la mejora de la accesibilidad y la renovación urbana y rural. La tercera, también con 113,4 millones, concede ayudas para reducir el esfuerzo económico que supone pagar una vivienda.

Por qué importa este reparto. La vivienda figura entre las principales preocupaciones de los ciudadanos, y en Castilla y León el reto combina presión en las ciudades y despoblamiento en el medio rural. Las tres líneas intentan responder a ambos problemas. El éxito dependerá de la ejecución, de la agilidad administrativa y de que la oferta pública llegue a las zonas que más la necesitan.

Mirando al horizonte, el convenio fija el marco de actuación hasta 2030. La evaluación de resultados, el ritmo de licitación y la capacidad de absorber los fondos serán los indicadores que determinarán si el plan cumple sus objetivos.