Junta de CyL exige esclarecer el accidente de Urda, con 69 fallecidos, y destaca su ayuda a Castilla-La Mancha

La Junta de Castilla y León exige que se aclaren todas las circunstancias del accidente ferroviario registrado en Urda (Toledo), que deja hasta ahora 69 personas fallecidas. Así lo expresó el consejero de Economía y Hacienda y portavoz del Gobierno autonómico, Carlos Fernández Carriedo, durante la rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno.

El siniestro se produjo el día anterior en esta localidad toledana. Según el portavoz, el objetivo es que se esclarezca lo ocurrido, algo que, en sus palabras, merecen las víctimas. El Ejecutivo autonómico expresó su solidaridad con los afectados y con sus familias, y deseó una pronta recuperación a los heridos.

El contexto es relevante. La gestión del servicio ferroviario corresponde a la Administración General del Estado, y el portavoz evitó formular críticas políticas sobre esa competencia, argumentando el momento de proceso electoral en el que se encuentra el país. Es una posición de prudencia institucional que contrasta con el debate que suele acompañar a este tipo de tragedias.

En lo operativo, el presidente de la Junta, Alfonso Fernández Mañueco, mantuvo contacto telefónico desde el primer momento con su homólogo de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, a quien ofreció los medios autonómicos disponibles. Como resultado, Castilla y León envió un grupo de rescate y salvamento y dos helicópteros sanitarios, que trasladaron heridos a hospitales de Ciudad Real y Toledo.

Asimismo, a petición del Servicio de Salud de Castilla-La Mancha, se remitió material sanitario y sangre desde centros hospitalarios castellanoleoneses para su uso in situ. El Gobierno autonómico presenta esta colaboración como muestra de que la cooperación entre comunidades funciona, y recuerda que Castilla y León también ha recibido ayuda de otras autonomías en emergencias propias.

Por último, el portavoz indicó que la Junta no dispone de información sobre si entre las víctimas hay ciudadanos vinculados a la comunidad, y consideró razonable que sean primero los familiares quienes conozcan esos datos. El Ejecutivo subraya que su intervención se guió por criterios humanitarios, sin atender al origen de los afectados. Queda pendiente conocer las conclusiones de la investigación oficial sobre las causas del accidente, así como el debate político que pueda derivarse de la gestión ferroviaria estatal.