La Junta activa acciones legales para eliminar el peaje de la AP-66 hasta 2050

La Junta de Castilla y León ha autorizado a la Consejería de Movilidad, Transformación Digital e Inteligencia Artificial a emprender acciones administrativas y judiciales contra el Real Decreto 392/2000, de 17 de marzo, que modificó la concesión de la autopista León-Campomanes (AP-66). El objetivo es lograr la supresión definitiva del peaje, cuya vigencia se extiende hasta 2050.

El primer paso será instar la revisión de oficio del Real Decreto. Solo si esta vía no prospera, el Gobierno autonómico acudirá a los tribunales. La decisión se adopta en el marco de una disputa jurídica de largo recorrido sobre las condiciones de una infraestructura estratégica para el noroeste peninsular.

El fondo del conflicto es la naturaleza de la modificación de 2000. Según la posición de la Junta, el cambio alteró de forma sustancial el equilibrio económico-financiero del contrato y amplió su duración. Esa variación, a juicio del Ejecutivo regional, equivale a una nueva concesión otorgada sin licitación pública, lo que choca con los principios de transparencia, concurrencia e igualdad que exige el derecho comunitario.

El portavoz de la Junta, Carlos Fernández Carriedo, ha vinculado la supresión del peaje con la movilidad, la competitividad empresarial y la cohesión territorial de la comunidad. El argumento central es que una tasa de esta magnitud encarece el transporte de mercancías y personas en un eje clave que conecta Castilla y León con Asturias y Galicia.

En la misma sesión, el Consejo de Gobierno dio luz verde a otra actuación de la misma Consejería: la contratación de servicios de apoyo a la gestión de infraestructuras informáticas corporativas de carácter crítico. El contrato asciende a 2,73 millones de euros y se ejecutará durante 48 meses. Cubre servidores, bases de datos y correo electrónico, y garantiza la continuidad de los servicios públicos digitales también fuera del horario laboral.

Ambas decisiones se inscriben en una estrategia más amplia. Por un lado, la defensa jurídica de un agravio que el Gobierno regional considera heredado. Por otro, la consolidación de la Administración digital, enmarcada en la Agenda Digital para Castilla y León. El resultado de la vía de revisión, y de los posibles recursos que se planteen, marcará el futuro de un peaje que, de mantenerse, condicionará la movilidad en la autopista durante más de dos décadas.