Las organizaciones sindicales CCOO y UGT han decidido organizar una movilización en Castilla y León, programada para el próximo domingo, 2 de febrero. Su protesta tiene como finalidad exigir al Gobierno la reinstauración de las medidas estipuladas en el decreto 'ómnibus', que recientemente perdió apoyo en el Congreso. Asimismo, los sindicatos demandan una aclaración del porqué las formaciones de la "derecha" decidieron no respaldar dicho decreto, lo que consideran una falta grave que ha afectado a la mayoría de la población.

Vicente Andrés, secretario general de CCOO en esta comunidad autónoma, y Faustino Temprano, líder de UGT, realizaron un anuncio formal el pasado martes sobre esta movilización, que tendrá lugar a las 12:00 horas en diversas localidades de España, incluidas varias capitales de provincia de Castilla y León, así como en Aranda de Duero, Miranda de Duero, Ponferrada y Villablino.

En Valladolid, la manifestación está programada para llevarse a cabo en la plaza de Fuente Dorada. El propósito de esta reunión es abogar por la defensa del decreto 'ómnibus', el cual se abolió en el Congreso en la semana anterior. En este sentido, los sindicatos instan al Gobierno a volver a presentar dicho decreto ante las Cortes y a iniciar un proceso de diálogo con los partidos PP y Junts.

Andrés enfatizó que el objetivo de esta movilización es garantizar que se mantenga la integralidad de todas las medidas propuestas. Resaltó la necesidad urgente de implementar ayudas sociales y mejorar la protección social para los ciudadanos. En sus palabras, no hay ninguna medida que sea perjudicial para la gente y es crucial reivindicarlas con firmeza.

Además, al ser cuestionado sobre una disposición específica que permitiría ceder al PNV un patrimonio en París, el secretario general de CCOO aclaró que esto se trata de un asunto de patrimonio, subrayando que el resto del decreto consiste en un "conjunto de medidas sociales" necesarias y urgentes.

La movilización tiene como objetivo también exigir a las formaciones de la "derecha" que ofrezcan una explicación convincente sobre su rechazo a la convalidación del decreto. Andrés expresó su incredulidad ante el comportamiento del PP, señalando que la "extrema derecha" siempre buscará perjudicar a la clase trabajadora, pero que no entiende por qué los populares optan por este enfoque.

Asimismo, insistió en que los partidos que se opusieron al decreto, incluyendo PP, Vox y Junts, deben clarificar sus verdaderas motivaciones. Preguntó si buscan desestabilizar el país o si están interesados en provocar un conflicto social con el propósito de deslegitimar al Gobierno.

Andrés también intervino para señalar la incoherencia dentro del PP, que en Castilla y León ha pactado medidas de protección social en el marco del diálogo social, pero que, a nivel nacional, se opone al paquete de medidas del decreto 'ómnibus'. Demandó soluciones inmediatas para las problemáticas que ha suscitado la eliminación del decreto, como el aumento del costo del transporte público y recortes en pensiones e ingresos mínimos vitales, que, según afirmó, golpean directamente los derechos de los trabajadores más vulnerables.

Por otro lado, Temprano expresó su profunda decepción ante la incapacidad de los partidos políticos para llegar a un consenso que permitiese la aprobación de este decreto, al cual considera esencial, lamentando que los intereses partidistas hayan primado sobre las necesidades sociales.

El líder de UGT hizo un llamamiento a la sensatez y a un sentido de unidad nacional, afirmando que lo sucedido es inaceptable y representa un retroceso sin precedentes en la historia reciente de España. Además, lamentó que la oposición al decreto pone en peligro el diálogo social tan necesario en la actualidad.

Temprano precisó que, si tras esta movilización no se presenta una solución a la "agresión sin precedentes" que ha supuesto la caída del decreto, los sindicatos continuarán organizando protestas. Esto resalta el firme compromiso de estas organizaciones con la defensa de los derechos de los trabajadores.

Finalmente, ambos líderes también hicieron un llamado a la Junta y a los ayuntamientos para que asuman su responsabilidad de "pagar" lo que el Estado ha dejado de abonar en cuanto a medidas sociales, subrayando que de no hacerlo, la carga recae sobre los ciudadanos.

Por último, manifestaron que el planteamiento de estas medidas en el marco de un decreto 'ómnibus' es completamente legal, como apuntó Temprano, quien agregó que esto es aún más válido cuando las medidas surgen del consenso en el diálogo social. En relación a esto, Andrés recordó que todos los gobiernos, tanto de derecha como de izquierda, han utilizado este tipo de decretos y que la actual situación de ausencia de Presupuestos Generales del Estado obliga a incorporar ciertas cuestiones en estos decretos para garantizar su continuidad.