Un abogado vallisoletano y otras cuatro personas enfrentan cargos por una serie de altas fraudulentas en la Seguridad Social en los últimos cinco años en Valladolid. La juez instructora ha dictaminado seguir con el procedimiento abreviado para determinar si los acusados deberán responder por infracción penal. Las diligencias previas, que han sido trasladadas a la fiscalía y las acusaciones particulares, indican que el equipo se dedicaba a efectuar altas fraudulentas en la Seguridad Social con el fin de cobrar prestaciones públicas de personas sin historial laboral activo o que se dieron de baja voluntariamente de sus empleos.

Los acusados crearon contratos ficticios y de carácter temporal para fines fraudulentos a cambio de sumas de dinero desconocidas para sus propios intereses. Investigaciones realizadas en el verano de 2022 muestran que la operación se llevó a cabo en colaboración con la Tesorería General de la Seguridad Social y la Inspección de Trabajo y Seguridad Social de Valladolid como parte de las acciones para combatir el fraude a la Seguridad Social y el empleo irregular.

El abogado principal fue el principal investigado en el expediente y contaba con una empresa que le permitía contratar a trabajadores aparentemente legales. Durante un período de tiempo de cinco años, el letrado llegó a contratar a 32 personas para tareas como la limpieza de portales comunitarios o su propia oficina; sin embargo, en este caso fruto de la investigación se pudo conocer que se contaba con empresas externas para estas labores.

La instrucción judicial encontró contratos rocambolescos para realizar labores atípicas como elaborar tarjetas de felicitación navideñas. Contrataron a una persona sin carné de conducir para limpiar su automóvil solo y también podría haber contratado a otra persona para que desempeñara las mismas tareas que un empleado en su oficina que no acudía al trabajo. La mayoría de las altas tramitadas eran de un solo día, y los beneficiarios de estos trámites fraudulentos habían causado baja voluntaria en su empleo anterior para poder acceder a las prestaciones públicas.

En algunos casos, el interés por crear una relación laboral fraudulenta radicaba en la necesidad de disponer de un contrato de trabajo para garantizar los medios de vida y regularizar la situación administrativa de los interesados o familiares. Durante la investigación, se descubrieron múltiples ingresos en efectivo en las cuentas bancarias del abogado, llegando a ser la fuente de ingresos de algunos de sus presuntos trabajadores.

Finalmente, de los 32 trabajadores que llegó a dar de alta en la Seguridad Social el letrado, se pudieron cancelar 28 y detener a algunos de ellos. Los agentes de la Unidad Contra las Redes de Inmigración Ilegal y Falsificación de Documentos de la Brigada Provincial de Extranjería y Fronteras en la Comisaría de Policía de Valladolid realizaron las detenciones. El SEPE también resolvió imponer una sanción de reintegro de las sumas pagadas a los acusados a través de una resolución dictada en julio de 2020.