Recientemente, se han revelado detalles en el caso conocido como la "trama eólica", donde un testigo, que afirma tener una larga relación de amistad con el fallecido exconsejero de Economía de Castilla y León, Tomás Villanueva, ha declarado que el alto mando de la Junta favorecía a empresarios locales en el sector eólico, lo que, según se informa, llevó a una trama de sobornos que supera los 80 millones de euros durante la tramitación de parques eólicos.

Durante la última sesión del juicio, celebrada este martes, el profesor emérito de la Universidad de Valladolid, José Luis Martínez López-Muñiz, compartió su experiencia al solicitar reuniones con Villanueva, en su rol como mediador para varios empresarios que enfrentaban dificultades en el desarrollo de sus proyectos eólicos.

“Conocía a Villanueva desde hace tiempo y quería discutir ciertos asuntos de manera informal,” comentó el testigo, recordando una reunión donde el exconsejero comunicó que se estaba dando preferencia a los emprendedores locales en la concesión de licencias para nuevos parques eólicos. Martínez López-Muñiz también mencionó un momento en que recibió una llamada que le informaba que su solicitud había sido “resuelta”, sin saber que había facilitado la venta de IDER, una empresa que se vendió a EDP por 28,5 millones, a pesar de que su fundador había solicitado inicialmente 280 millones.

Este día del juicio también fue testigo Carlos Blanco Bermejo, un exempleado de Four Innovation, quien declaró que Rafael Delgado, uno de los involucrados y exviceconsejero, hizo una inversión cercana a un millón de euros para ingresar a la sociedad tras dejar su puesto en la Junta. Comparó el estilo de vida de Delgado con el de otros acusados, sugiriendo que el exfuncionario había utilizado su experiencia en la administración para influir en el sector eólico.

Blanco recordó haber tenido una sola interacción con Delgado y no pudo precisar el monto exacto de su inversión en Four Innovation, aunque anteriormente había estimado que era significativo. Se mencionó además que Delgado tenía intereses en un proyecto que buscaba crear una plataforma innovadora conocida como SUNN Innovation, la cual tenía como objetivo conectar empresas y centros de investigación.

Las declaraciones de testigos de la empresa Eyra, vinculada a la división de renovables del grupo ACS, también fueron contundentes, negando que la Junta les impusiera presión para incluir socios locales en sus proyectos. Confirmaron que la inclusión de Collosa, una empresa local, se debió a su experiencia y recursos en la región para ejecutar las obras, pero no pudieron aclarar por qué la Junta les designó como la única empresa interlocutora en un proyecto específico en Soria, a pesar de no haber estado desarrollando proyectos en el área.

El exsecretario general de la Consejería de Medio Ambiente, José Manuel Jiménez Blázquez, también testificó, señalando que no notó cambios significativos en el proceso de tramitación de proyectos eólicos después de 2004, contradiciendo alegaciones de un favoritismo posterior a la implementación de un nuevo sistema de aprobaciones en la Junta.