VALLADOLID, 8 de julio. La selección del nuevo director para el Teatro Calderón de Valladolid ha sido objeto de controversia tras la impugnación del proceso por falta de imparcialidad y transparencia, cuestiones muy arraigadas en la gestión pública.

El pasado 7 de julio, Rafael Peña Casado, CEO de Gescult, interpuso un recurso ante la Fundación Municipal de Cultura (FMC), poniendo en tela de juicio las decisiones del tribunal encargado de realizar la selección, encargado de elegir al sucesor de José María Viteri, quien se jubila próximamente.

El recurso, al que ha tenido acceso Europa Press, denuncia varios aspectos cuestionables sobre el proceso, incluyendo la elección de la Comisión Técnica de Valoración y la ausencia de información pública sobre los candidatos admitidos y excluidos, lo que representa una clara violación de los principios de imparcialidad y transparencia.

Casado destaca en su queja la participación de Viteri en el tribunal, a pesar de su inminente retiro. Su vinculación con el proceso puede suponer un conflicto de intereses al influir en la elección de su sucesor. Además, señala la implicación de Eduardo Vasco San Miguel en el tribunal, quien mantiene un contrato vigente con el Teatro Calderón, lo que podría comprometer aún más la imparcialidad del procedimiento.

El CEO también critica la falta de motivación en la conformación del tribunal y argumenta que la resolución de designación carece de justificación sobre los criterios utilizados para seleccionar a sus miembros. A su juicio, esta falta de claridad es especialmente preocupante dado que el puesto en cuestión es de alta dirección y tiene implicaciones significativas para la institución.

En su recurso, subraya que la carencia de información pública sobre los participantes en el proceso de selección ha creado una situación de indefensión para los candidatos, eliminando así su derecho a corregir posibles errores y dificultando la supervisión del proceso por parte de la ciudadanía.

Asimismo, Casado argumenta que el principio de libre concurrencia también ha sido vulnerado. Según las bases del proceso, sólo se hará público el nombre del elegido, limitando la transparencia y el control ciudadano. Esta cláusula impide un escrutinio adecuado del proceso, lo que va en contra de normativas que promueven la transparencia administrativa.

Ante esta serie de irregularidades, Casado ha pedido la anulación del procedimiento, la revocación de la decisión sobre la Comisión Técnica de Valoración, y la publicación de los listados de candidatos. Además, ha solicitado que se modifique la cláusula que restringe la divulgación de información sobre el proceso de selección.