VALLADOLID, 4 de septiembre.

La Junta de Castilla y León ha anunciado su intención de impugnar legalmente la medida que prevé la "condonación de deuda separatista" cuando esta entre en vigor. Este gesto, manifiestan, pone en riesgo la "equidad e igualdad" que deben prevalecer entre las comunidades autónomas y representa un intento de prolongar la permanencia de Pedro Sánchez en la presidencia del Gobierno.

El consejero de Economía y Hacienda, Carlos Fernández Carriedo, quien también actúa como portavoz del Ejecutivo regional, ha destacado que esta situación implicará que cada ciudadano de Castilla y León tendrá que afrontar un costo adicional de 523 euros. Este monto, según sus palabras, irá destinado a reducir la deuda de aquellos que buscan la independencia, lo que considera altamente injusto. Carriedo ha enfatizado la necesidad de un modelo de financiación "que respete la igualdad y la solidaridad" entre todas las regiones del país.

El portavoz del gobierno autonómico ha argumentado que hay suficientes razones para exigir un trato equitativo para todos los ciudadanos españoles. Además, subrayó que no se debe otorgar más derechos a aquellos que con siete votos separatistas buscan imponer su agenda sobre la gran mayoría, que se siente igualmente representada en el plano Nacional.

Fernández Carriedo ha sido enfático al señalar que las comunidades gobernadas por el Partido Popular no pueden aceptar decisiones que favorezcan el trato desigual entre los españoles. Resalta que la deuda no se eliminará realmente; simplemente, primero será asumida por los ciudadanos españoles en su conjunto.

Asimismo, ha recordado que Castilla y León tiene una tradición de cumplir con sus compromisos financieros y no está dispuesta a cubrir las deudas generadas por otros. Según él, las propuestas del Ejecutivo central para satisfacer promesas parlamentarias no son, en absoluto, razonables y atentan contra la justicia fiscal.