VALLADOLID, 18 de enero. En un acto decisivo para el futuro agrícola de la región, la Junta de Castilla y León ha tomado la iniciativa de solicitar al Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación la modificación del Plan Estratégico de la Política Agraria Comunitaria (PEPAC) para el período 2023-2027. Este paso busca fortalecer el papel del agricultor profesional, así como simplificar la gestión de los ecorregímenes que son cruciales para la sostenibilidad del sector.

En una reunión clave, el director general de Política Agraria Comunitaria, Ángel Gómez, expresó a los representantes del ministerio la necesidad de realizar trámites más ágiles en relación al cumplimiento de las condiciones que rigen los ecorregímenes. Gómez destacó que estos procesos deberían ser igualmente efectivos tanto para explotaciones que utilicen técnicas de secano como para aquellas que operen con regadío, subrayando que, en esencia, se trata de una única unidad productiva con sus propias características.

Además de esta propuesta, Gómez presentó otras consideraciones relevantes durante su intervención. Dentro del marco del primer pilar del PEPAC, estas sugerencias están orientadas a completar los cambios que la Comisión Europea tiene previsto implementar en 2024. Entre las propuestas, se menciona la necesidad de revisar ciertas ayudas que, según la Junta, están perjudicando el modelo agrícola de Castilla y León, así como la urgencia de mejorar la seguridad jurídica de los agricultores y ganaderos de la región, tal como se ha difundido en un comunicado oficial publicado por Europa Press.

El encuentro no solo se limitó a proponer cambios, sino que también permitió analizar las repercusiones de estas medidas en la simplificación de la PAC y su impacto en la gestión de las explotaciones agrícolas y ganaderas en Castilla y León. La Consejería de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural ha enfatizado que es crucial mantener un equilibrio entre las medidas de protección del medio ambiente y los criterios agronómicos, con el fin de evitar que las restricciones afecten negativamente el potencial productivo de las explotaciones locales.

Finalmente, la Administración regional advirtió que todos estos temas, junto con otros unánimemente relacionados con las intervenciones de desarrollo rural, deben ser incluidos en un documento que el Ministerio de Agricultura tiene el deber de presentar a la Comisión Europea para su consideración y aprobación. En este sentido, los cambios propuestos no son meramente administrativos, sino que pueden definir el rumbo futuro de la agricultura en Castilla y León.