En un hecho alarmante que pone de manifiesto la explotación laboral en el sector agrario, la Policía Nacional ha desarticulado un grupo criminal que operaba en la provincia de Valladolid, el cual se dedicaba a la explotación de trabajadores extranjeros en situación irregular durante un periodo de cinco años. Esta organización criminal llegó a crear hasta nueve empresas con el objetivo de defraudar a la Seguridad Social, lo que ha resultado en una deuda que supera los 155.000 euros en cuotas no pagadas.

La operación, que ha sido denominada 'Pupi', ha llevado a la detención de cinco individuos que formaban parte de este entramado, los cuales se especializaban en la intermediación agraria. Su función era proporcionar mano de obra a los agricultores locales para realizar distintas labores de campo, incluyendo la vendimia, la recogida de patatas y la poda, entre otras actividades cruciales.

Los modus operandi del grupo eran engañosos: los trabajadores eran dados de alta en la Seguridad Social a través de la empresa intermediaria, pero, al finalizar los trabajos, esta emitía una factura al agricultor correspondiente, sin cubrir las obligaciones de cuota derivadas de la contratación de esos empleados. Este sistema permitía al grupo encubrir su falta de pago a la Seguridad Social y continuar operando con impunidad.

Cuando empezaban a recibir requerimientos de pago o tenían que renovar contratos con clientes que solicitaban prueba del cumplimiento de sus obligaciones con la Seguridad Social, un nuevo integrante de la organización tomaba el control y establecía una nueva empresa bajo su nombre. Esta empresa, al ser recién constituida, se encontraba "limpia" de deudas, lo que les permitía obtener el certificado de estar al corriente de pago, que era requerido por sus clientes.

De esta forma, la organización continuaba su actividad fraudulenta, perpetuando el ciclo de impago de cuotas a la Seguridad Social, aumentando sus deudas a medida que seguían contratando a los mismos trabajadores y facturando a los mismos clientes sin cumplir con sus obligaciones laborales.

Durante más de cinco años, este entramado ha operado de manera efectiva, utilizando empresas unipersonales que les permitían ocultar la creciente deuda con la Seguridad Social. Junto a sus nombres, los titulares de estas empresas acumularon importantes deudas en el sistema, lo que refleja una falta de responsabilidad y un deseo de evadir la ley.

Además del fraude económico, el grupo ha sido acusado de emplear a trabajadores sin la debida autorización de residencia y trabajo en España, imponiendo condiciones laborales brutales y abusivas. Los empleados eran sometidos a jornadas interminables, desde las 6:00 de la mañana, a menudo sin horarios de finalización, trabajando de diez a doce horas diarias por un salario irrisorio de cinco euros la hora, que rara vez recibían en su totalidad.

La situación se tornaba aún más precaria, ya que a estos trabajadores en situación irregular se les proporcionaba alojamiento en condiciones deplorables. Compartían un espacio reducido, el garaje de una vivienda donde residían otros trabajadores, que consistía únicamente en colchones en el suelo, sin acceso a instalaciones adecuadas para el aseo y solo con una bombona de gas para calentar sus alimentos.

Esta trama delictiva, que ha operado principalmente en Valladolid, ha generado un sumatorio de cuotas adeudadas a la Seguridad Social que asciende a más de 155.000 euros, sin contar con otras deudas que han acumulado los titulares de estas empresas bajo el Régimen Especial de Trabajadores Autónomos. Este caso no solo revela la necesidad de una mayor vigilancia en el ámbito laboral, sino que también subraya la urgencia de luchar contra la explotación de los más vulnerables en la sociedad.