El Gobierno liderado por Pedro Sánchez ha anunciado su intención de recurrir ante diversas instituciones europeas e internacionales las iniciativas autonómicas sobre Memoria, impulsadas por los gobiernos de coalición de PP y Vox en Aragón, Castilla y León y la Comunidad Valenciana. Consideran que estas medidas van en contra de los valores establecidos en la Ley de Memoria Democrática aprobada durante la legislatura pasada por el Ejecutivo de coalición de PSOE y Unidas Podemos.

El Ejecutivo considera la gravedad de la situación y tiene previsto elevar esta cuestión ante el Relator especial sobre Verdad, Justicia y Reparación y el Relator de Ejecuciones Extrajudiciales de Naciones Unidas, así como ante el Parlamento Europeo y el Consejo de Europa. En caso de que las comunidades no retiren puntos que se consideran contrarios a la Ley de Memoria, el Gobierno recurrirá también al Tribunal Constitucional.

En Naciones Unidas, se recurrirá a ambos relatores para evaluar si las medidas cumplen con las mejores prácticas internacionales y los compromisos adquiridos por España en materia de Derechos Humanos. En la Eurocámara, se buscará incluir este tema en el pleno para su debate y votación por parte del Grupo de los Socialistas y Demócratas.

Además, se invocará en el Consejo de Europa la posible violación de disposiciones del Convenio de Derechos Humanos, y se promoverá un debate urgente en la Asamblea Parlamentaria para analizar la derogación de las leyes de memoria democrática aprobadas por las comunidades autónomas gobernadas por PP y Vox. El Gobierno informará a la Secretaría General del Consejo de Europa y al Comisario de Derechos Humanos sobre la gravedad de la situación y pedirá la elaboración de un informe al respecto.