Los miembros del Partido Popular en Castilla y León han manifestado su seria preocupación respecto a los cambios propuestos en la Política Agrícola Común (PAC). Mientras tanto, el Gobierno regional ha asegurado que tomará acciones decisivas para proteger a este fundamental sector.

En una reciente reunión celebrada en Valladolid, el PP hizo hincapié en la necesidad de que el Gobierno central permita el uso excepcional de determinadas sustancias activas que son esenciales para el desarrollo de los cultivos. Esta solicitud surge tras la restricción de sustancias que no cuentan con alternativas viables, lo que ha llevado a los agricultores a enfrentar importantes desafíos.

El presidente del PP en Valladolid, Conrado Íscar, subrayó el rol vital que desempeña el sector agrícola en la economía regional y criticó las políticas del Gobierno que parecen atacar a la producción rural. A su juicio, esta situación ha alcanzado niveles "insostenibles", a pesar de los significativos aportes que el sector realiza.

Durante la reunión, el viceconsejero de Agricultura, Jorge Llorente, destacó que los agricultores están viendo reducido su acceso a productos fitosanitarios, lo que afecta su capacidad para combatir plagas y enfermedades en los cultivos. La falta de sustitutos eficaces agrava la competitividad de los agricultores y aumenta las probabilidades de que plagas se multipliquen.

Llorente también señaló que los agricultores españoles enfrentan una competencia desleal, ya que en otros países se permite el uso de sustancias que aquí están prohibidas, lo que crea una "asimetría" en el mercado agrícola. Esta situación pone de manifiesto la necesidad de equilibrar la protección medioambiental con la viabilidad económica de la agricultura.

El viceconsejero hizo un llamamiento a una evaluación reflexiva y justa del uso de sustancias fitosanitarias, argumentando que, aunque la intención detrás de la normativa actual es proteger el medio ambiente, en muchos casos acaba siendo contraproducente. Por ejemplo, la aplicación excesiva de ciertos tratamientos puede llevar al desarrollo de resistencias en las plagas, lo que a la larga resulta en un mayor uso de productos químicos.

La preocupación también fue expresada por el diputado Pedro Gallardo, quien mencionó que el sector de viveristas, que sostiene cerca de 4.000 empleos directos y genera un importante volumen de exportaciones, se encuentra en una situación crítica. Gallardo acusó al Gobierno de Pedro Sánchez de desatender las necesidades de este sector.

Gallardo propuso adoptar un enfoque que considere a los fitosanitarios como "medicinas" para los cultivos, enfatizando que su uso adecuado es esencial para asegurar una producción agrícola sana y sostenible. Criticó la postura del PSOE, que no apoya las demandas del campo español.

Además, se hizo referencia a una Proposición No de Ley relacionada con el uso de ciertas sustancias activas, que aunque se utilizan en otros países europeos, no están disponibles en España. Estas sustancias son fundamentales para el control de plagas, y el diputado instó al Gobierno a observar la situación en el campo de primera mano.

Gallardo también destacó la desproporción en el número de autorizaciones de sustancias activas excepcionales entre España y otros países europeos como Francia o Italia, lo que refleja una falta de apoyo a los agricultores españoles.

Por su parte, Llorente reiteró la necesidad de mantener un diálogo con las organizaciones agrarias para expresar su desacuerdo con las medidas actuales del marco financiero plurianual de la PAC, las cuales, según él, diluyen el papel crucial que la agricultura solía tener en la política comunitaria.

El viceconsejero afirmó que la Junta de Castilla y León no escatimará esfuerzos en la defensa de una PAC que consideren justa y efectiva, dejando claro que estarán atentos a las negociaciones que se llevarán a cabo en los próximos años para asegurar el bienestar del sector agrícola.