VALLADOLID, 8 de octubre. La situación en torno a la trama de los parques eólicos en Castilla y León se ha complicado aún más tras las reveladoras declaraciones de Mariano Muñoz Fernández, exjefe del Servicio Territorial de Industria de Burgos, quien ocupó el cargo desde 2003 hasta 2024. En el juicio que se lleva a cabo en la Audiencia de Valladolid, Muñoz ha afirmado que Rafael Delgado, viceconsejero de Economía de la Junta en aquel entonces, lo presionó en marzo de 2005 para priorizar un listado de parques eólicos, omitido deliberadamente, en detrimento de otros proyectos clave que estaban en fase de aprobación, los cuales habían de ofrecer participación a empresas locales.

Su testimonio, en la quinta sesión del proceso judicial conocido como la ‘trama eólica’, refuerza las acusaciones contra Delgado, quien aparentemente tomó el control de la planificación de parques eólicos en la comunidad tras una modificación normativa que le otorgó más poder en el proceso de autorizaciones, un aspecto que hasta ese momento había quedado bajo la responsabilidad de los jefes de los servicios territoriales de Industria.

Muñoz, al recordar esos momentos, destacó que la avocación, una herramienta que consideró innecesaria, fue justificada por Delgado bajo la premisa de que contaba con una visión más integral en beneficio del interés general de Castilla y León, además de poseer un mejor conocimiento de la red eléctrica. Sin embargo, parece que esta justificación ha sido cuestionada por el propio exjefe del servicio, quien sostiene que dicho cambio no añadió valor a la operativa ya existente.

En una reunión clave el 30 de marzo de 2005, Muñoz recibió un listado de más de cuarenta parques eólicos, que había que gestionar, pero que carecía de firma y sello oficial, lo que generó tensión entre él y Delgado. Según Muñoz, en dicho documento se excluían proyectos que habían cumplido con todos los requisitos, lo que lo llevó a expresar su preocupación, especialmente por los parques de Cantiruela y Las Pardas, cuya promoción había suscitado gran atención debido a sus prometedores desarrollos. Su desencanto fue tan grande que incluso llegó a ser denunciado penalmente por sus promotores, aunque la denuncia fue finalmente archivada.

El ambiente se tornó conflictivo durante la reunión, donde Muñoz afirmó que Delgado se mostró inflexible y le instó a callar, minimizando cualquier objeción que él tuviera sobre la exclusión de ciertos proyectos. A su juicio, de no haber existido la avocación, habría autorizado sin inconvenientes los parques promovidos por Ibervento y sus asociados alemanes.

Las indagaciones continuaron con la comparecencia de Begoña Hernández, exviceconsejera de Economía de Castilla y León entre 2007 y 2015, quien asumió el cargo tras Delgado. Durante su testimonio, Hernández se distanció de los actos que se investigan y defendió su rol como mera firmante de autorizaciones administrativas, asegurando que su implicación se limitó a la culminación de procesos ya validados por los Servicios Jurídicos y la Dirección General de Energía y Minas.

Además, Hernández, quien ya había enfrentado problemas legales por otro caso de prevaricación administrativa, negó que se impusiera a los promotores la obligación de incorporar socios locales, asegurando que no tenía conocimiento de tal requerimiento hasta que la instrucción 2/2004 fue promulgada, lo que le otorgó mayor poder al viceconsejero de Economía en las autorizaciones.

En contraste, Rafael Ayuste Cupido, exjefe del Departamento de Energías Renovables, manifestó su apoyo a la figura de la avocación, argumentando que era fundamental centralizar decisiones en un momento donde la cantidad de peticiones era abrumadora. Durante su declaración, reveló que la directiva de incluir empresas locales en los proyectos eólicos fue transmitida por el director del EREN, Ricardo González Mantero, quien, a su vez, había recibido instrucciones de Delgado, aunque Ayuste admitió desconocer quién había iniciado esas directrices.

Hoy, la jornada judicial ha continuado con la testificación de Abelardo Modrego Val, exingeniero en el Servicio Territorial de Industria de Soria, aunque su intervención ha sido considerada poco relevante hasta el momento. Las audiencias se reanudarán por la tarde con más declaraciones que prometen arrojar luz sobre este controvertido asunto.