Fiscalía pide 45 años de cárcel para un clan rumano por explotar a jornaleros en Medina del Campo
La Fiscalía pide 45 años de cárcel para cuatro miembros de un clan rumano acusado de explotar laboralmente a compatriotas en Medina del Campo. Juicio en noviembre.
La Audiencia Provincial de Valladolid juzgará entre los días 9 y 12 de noviembre a cuatro miembros de un clan de origen rumano asentado en Medina del Campo. La Fiscalía pide para ellos penas que suman 45 años de prisión, de los que 36 corresponden al presunto cabecilla, Vasile C.U.
Según el escrito de calificación provisional del Ministerio Público, al que ha tenido acceso Europa Press, la investigación se inició tras una comparecencia en la Unidad Central de Redes de Inmigración Ilegal y Falsedades Documentales (UCRIF) en Madrid en noviembre de 2019. Ese procedimiento destapó una red familiar que, según la acusación, operó desde finales de 2017 hasta el primer trimestre de 2020. La red captaba en Rumanía a personas con dificultades económicas y escasa formación, con la promesa de empleo en España.
La acusación sostiene que, una vez en Medina del Campo y municipios limítrofes, las víctimas eran sometidas a un régimen de servidumbre. Describe la existencia de deudas por el viaje, pagos mensuales por alojamiento, ausencia de contrato y de alta en la Seguridad Social, jornadas de nueve a doce horas sin descansos semanales y descuentos diarios por el transporte a las fincas. Según el escrito, el cabecilla retenía casi la totalidad del salario bajo distintos conceptos. El Ministerio Fiscal atribuye a Vasile C.U. delitos de trata de seres humanos con fines de explotación laboral, imposición de condiciones ilegales a los trabajadores, blanqueo de capitales y pertenencia a grupo criminal. Para su cónyuge, Liliana G.U., pide siete años de prisión en conjunto. Para Constantin U. y Gheorghe U., que según la Fiscalía controlaban las cuadrillas y el traslado diario de los temporeros, solicita un año de prisión para cada uno por pertenencia a grupo criminal.
La causa también recoge un entramado societario que, según los peritos policiales, sirvió para ocultar las ganancias y eludir inspecciones. Los investigadores estiman en 136.324,70 euros la cuantía mínima blanqueada, y las pesquisas incluyeron la intervención de 20.100 euros en metálico y el bloqueo de vehículos valorados en 160.376 euros. La acusación pide además indemnizaciones de 80.000 euros por daños morales para cada una de las víctimas identificadas.
El juicio se celebrará, según el escrito, entre el 9 y el 12 de noviembre. Un quinto implicado, Valentín G.U., permanece sobreseído provisionalmente a la espera de ser localizado por la Justicia.