La Fiscalía ha presentado una solicitud que busca imponer una pena de seis años de prisión e inhabilitación profesional al empleado público involucrado en un escándalo de falsedad documental.

La Audiencia de Valladolid tiene programado el juicio para el próximo 4 de abril contra un funcionario de Correos, quien enfrenta acusaciones por falsificación de firma en documentos oficiales. El acusado ha sido señalado por simular las rúbricas de los destinatarios en diversas entregas de correspondencia.

De acuerdo con la legislación vigente, el delito de falsedad en documento oficial, el cual se enmarca dentro del artículo 390 del Código Penal, podría resultar en una condena que abarca hasta seis años de prisión, además de la inhabilitación para el desempeño de funciones públicas durante igual periodo y una multa de 3.600 euros, según han confirmado fuentes jurídicas a Europa Press.

El individuo en cuestión, identificado como Eduardo R.C., es un empleado fijo de la Sociedad Estatal de Correos y Telégrafos S.A., laborando en la Unidad de Distribución de Laguna de Duero desde el 1 de junio de 2007. Su trabajo implica la clasificación y entrega de toda clase de correspondencia, incluso en la demarcación de Herrera de Duero.

Los cargos se centran en que el acusado, responsable de entregar notificaciones a una pareja en la calle del Puente de Herrera, presuntamente falsificó las firmas de los destinatarios en un total de cuatro notificaciones, utilizando el dispositivo digital (PDA) que le permite recoger datos relevantes, incluyendo la confirmación de recepción por parte de los destinatarios, entre el 20 de diciembre de 2017 y el 11 de julio de 2018.