ÁVILA, 6 de mayo.

Un escándalo ha comenzado a gestarse en la cárcel de mujeres de Brieva, ubicada en la provincia de Ávila, donde se investiga la posible complicidad de algunos trabajadores con Ana Julia Quezada, condenada a prisión permanente revisable tras el atrocioso asesinato del pequeño Gabriel Cruz en 2019.

De acuerdo con informaciones del diario El País, el Juzgado número 4 de Ávila indaga desde hace casi un año si hay indicios de un delito de cohecho entre ciertos funcionarios del penal. Los supuestos actos delictivos involucran relaciones sexuales entre los empleados de la prisión y la reclusa, un hecho alarmante que pone en entredicho la integridad del sistema penitenciario.

La investigación ha tomado un giro significativo gracias a las declaraciones de un educador del centro, quien corroboró la información proporcionada por tres internas y una cuarta mujer que actualmente mantiene una relación con Quezada. Estas testimonios sugieren que la condenada habría sostenido encuentros íntimos con trabajadores de la prisión, incluyendo al cocinero del lugar.

Los informes indican que Quezada pudo estar utilizando un teléfono móvil, que supuestamente le fue entregado por estos funcionarios, para grabar sus encuentros. Se sospecha que detrás de estas grabaciones podría haber un intento de chantaje hacia la dirección de la cárcel, con la finalidad de lograr su traslado a Barcelona.

Conforme a los documentos aportados por la directora del penal, Laura Pérez, se aclara que se obtuvo información delicada sobre la interna a través de uno de los educadores. El informe señala que Quezada posee un móvil que contiene grabaciones, incluidas imágenes de vídeo en las que aparece un funcionario en su celda, lo que podría agravar aún más la situación para el personal involucrado.