La Junta Electoral Central ha decidido abrir un expediente sancionador contra el consejero portavoz y consejero de Economía y Hacienda, Carlos Fernández Carriedo, por unas declaraciones de carácter electoralista realizadas después de una reunión del Consejo de Gobierno el pasado 29 de junio.

Según la resolución a la que ha tenido acceso Europa Press, la Junta Electoral Central ha aceptado parcialmente la denuncia presentada por el PSCyL y considera que es necesario iniciar un expediente sancionador al político de Castilla y León para evaluar si ha cometido alguna infracción merecedora de sanción, de acuerdo con el artículo 153.1 de la Ley Orgánica del Régimen Electoral General (LOREG).

Para ello, se ha designado a un instructor y un secretario para resolver el expediente y, al mismo tiempo, se ha instado al político expedientado a que tome las medidas necesarias para retirar de la página web institucional las declaraciones presuntamente valorativas durante el resto del período electoral. Además, se le ha pedido que extreme la precaución en futuros actos institucionales para evitar infringir el principio de neutralidad que los poderes públicos deben respetar durante el proceso electoral, de acuerdo con el artículo 50.2 de la LOREG.

En este caso, la Junta Electoral Central considera que el uso de un acto institucional, como una rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno, estaría violando el artículo 50.2 de la LOREG, al haberse realizado elogios a las acciones y logros del gobierno del que forma parte el consejero denunciado, así como valoraciones descalificadoras hacia otro partido político.

La aceptación parcial de la denuncia se debe a que la Junta Electoral Central considera que algunas de las declaraciones denunciadas, pero no todas, constituyen una infracción del mencionado artículo 50.2.

"En resumen, la realización de referencias y valoraciones con contenido electoralista puede ser legítima durante una campaña o en el ejercicio ordinario de la libertad de expresión, pero no en el desempeño de la actividad institucional de una autoridad pública", concluye la Junta Electoral Central.