VALLADOLID, 11 de julio.

La nueva Ley de Publicidad Institucional de Castilla y León comenzará a aplicarse mañana, tras su reciente publicación en el Boletín Oficial de Castilla y León (Bocyl). Esta iniciativa fue aprobada en las Cortes sin la participación del Partido Popular (PP), que gobierna en solitario en la Junta de Castilla y León, y tiene entre sus principales defensores al procurador de Unidas Podemos, Pablo Fernández.

Según el texto publicado, la ley introduce cambios significativos en la forma en que se contratan y difunden las campañas publicitarias del gobierno. Un aspecto destacado de la norma establece que los contratos de publicidad institucional que firme una persona o entidad que posea un medio de comunicación no podrán generar ingresos que excedan el 33% de su facturación anual.

Este punto ha levantado una considerable controversia, y el propio Fernández ha admitido la necesidad de realizar ajustes para garantizar la viabilidad de los pequeños medios de comunicación, sugiriendo que este límite solo debe afectar a los fondos de la Junta y no a los de otras instituciones, como los ayuntamientos. Este tema fue el motivo por el que el Grupo UPL-Soria ¡Ya! optó por abstenerse en la votación en el parlamento.

Por otro lado, la normativa establece que las campañas de publicidad institucional deben reflejar la "diversidad territorial, social y cultural" de la comunidad y adherirse a principios de transparencia, objetividad, protección de derechos fundamentales, igualdad y respeto al medio ambiente.

También se establece la prohibición de contratar campañas con medios que hayan sido sancionados repetidamente por infringir derechos como el honor o la intimidad, o por incitación al odio.

Otros aspectos de la ley incluyen la obligación de etiquetar claramente las campañas como publicidad institucional, así como mencionar explícitamente a la administración responsable. Además, se impide que los mensajes o elementos visuales generen confusión con los de partidos políticos u organizaciones sociales.

La legislación también exige que la contratación de publicidad en medios digitales esté basada en análisis métricos pertinentes y establece medidas más estrictas para el control y evaluación de estas campañas.

Se prevé que el Consejo de Gobierno desarrolle anualmente un plan de publicidad institucional que se publique en el Portal de Transparencia, junto con informes de evaluación por parte del Consejo de Cuentas, que serán compartidos con los grupos parlamentarios.

Asimismo, la ley estipula la creación de una memoria anual sobre la inversión en publicidad institucional y la presentación trimestral de contratos formalizados a las Cortes de Castilla y León.

Como parte de esta modificación, se establecerá un Consejo de Evaluación y Seguimiento de la Televisión Digital Terrestre y se regulará el proceso para un nuevo concurso de concesión de la televisión autonómica.

Finalmente, se prohíben todas las acciones comunicativas relacionadas con proyectos, planes o resultados durante los períodos electorales.