Un reciente estudio revela que un significativo 80% de los jóvenes en Castilla y León preferiría acceder a la vivienda en propiedad, aunque se ven obligados a alquilar. La investigación, que se enmarca en un contexto de crisis económica, sostiene que, además, un 40% de estos jóvenes depende de ingresos distintos a su trabajo para cubrir sus gastos de vivienda.

El informe titulado 'Tocando techo. La Juventud frente al problema de la vivienda', creado por el Consejo de la Juventud de Castilla y León, muestra que un 67% de los jóvenes emancipados en la región vive en alquiler. Sin embargo, la mayoría comparte sus hogares con otros, principalmente por razones económicas. Esta situación refleja una dura realidad para muchos jóvenes que luchan contra dificultades económicas mientras intentan encontrar estabilidad en el mercado inmobiliario.

Los datos han sido presentados por la presidenta del Consejo de la Juventud, Sandra Ámez, en una jornada que reunió a varias instituciones y miembros de la sociedad civil en el Consejo Económico y Social (CES) para discutir el problema de la vivienda juvenil y proponer soluciones viables. Junto a Ámez estuvieron presentes figuras relevantes como el presidente del CES y representantes de diferentes organizaciones sociales y gubernamentales.

El análisis, que se basa en 500 entrevistas a jóvenes de entre 18 y 30 años, indica que el 54% de los emancipados lo hizo por decisión personal, aunque solo un tercio es propietario de su vivienda. Un alto porcentaje de ellos vive en alquiler, y muchos han tenido que mudarse varias veces en un corto plazo, lo que indica la inestabilidad existente en el acceso a la vivienda.

Un aspecto relevante del estudio es que más del 82% de los jóvenes optan por compartir vivienda. El principal motivo para esta elección es la reducción de gastos, ya que muchos se ven obligados a hacerlo debido a la presión económica. A diferencia de la tendencia nacional, en Castilla y León es más común compartir con amigos o familiares que con parejas.

El informe también subraya la condición de las viviendas. Aunque muchas de ellas tienen características aceptables, hay un dato alarmante: aproximadamente el 32% de las habitaciones no cuenta con ventanas al exterior, lo que representa un riesgo para la salud mental de los jóvenes, que necesitan luz natural y una adecuada ventilación.

En lo que respecta a los ingresos de estos jóvenes, el 61% se sostiene a través de su salario, pero casi un 40% depende de ayudas externas, lo que refleja una realidad difícil a nivel económico. Un 39% de los encuestados gana menos de 1.000 euros al mes, lo que complica aún más su capacidad de ahorro, ya que después de cubrir necesidades básicas, sólo pueden ahorrar una cantidad mínima.

A pesar de que la mayoría, un 68%, utiliza sus ingresos para costear la vivienda, un 19% necesita asistencia parcial, y el 13% depende completamente de otros para cubrir estos gastos. En promedio, una vivienda de un joven en Castilla y León tiene un costo de 626 euros mensuales, lo que aumenta la presión financiera.

Con respecto a la propiedad, solo un 14% de los jóvenes vive en una vivienda completamente pagada. Un 57,5% adquirió viviendas al contado para eludir las hipotecas, pero el 66,6% necesitó ayuda externa para financiarla, evidenciando la necesidad imperiosa de asistencia en este aspecto.

El acceso a la vivienda es un proceso complejo: los jóvenes suelen visitar de tres a cuatro lugares antes de decidirse, y el 81% encuentra su vivienda a través de redes personales o plataformas digitales, con poco apoyo de inmobiliarias. Cuando se trata del alquiler, suelen hacer frente a fianzas que rondan los 572 euros, por debajo de la media nacional.

Respecto a las hipotecas, la duración promedio es de 15,3 años, y una parte considerable de los jóvenes requiere ayuda para cubrir el pago inicial. Esto es particularmente difícil dado que su capacidad de ahorro es bastante limitada.

Ámez remarca que el desafío de la emancipación es más que solo acceso a vivienda; está ligado a la precariedad laboral y la falta de opciones económicas en el medio rural. Destaca que más del 60% del salario de muchos jóvenes se destina al alquiler, lo que ahoga su capacidad para cubrir otras necesidades básicas, como la alimentación.

A pesar de existir políticas públicas relacionadas con la vivienda, hay un consenso sobre la urgencia de mejorar la situación, dado que solo un 14% de los jóvenes se emanciparon. La presidenta del Consejo de la Juventud concluye que es crucial ofrecer opciones habitacionales no solo en las ciudades, sino también en las zonas rurales, para evitar que las generaciones jóvenes se vean obligadas a abandonar sus comunidades y tradiciones.