VALLADOLID, 8 de octubre.

Recientemente, las Cortes de Castilla y León han dado luz verde a una Proposición No de Ley (PNL) presentada por el PSOE, en la que se exige la creación de una Ley integral de incendios forestales. La aprobación ocurrió con la abstención de los grupos parlamentarios de PP y Vox, y además se solicitó una inyección extraordinaria de 180 millones de euros anuales para la limpieza de montes y reservas forestales.

El procurador socialista, José Luis Vázquez, llevó a cabo un ferviente discurso en defensa de esta PNL en la que se abordan cuestiones clave relacionadas con la prevención de incendios, la gestión forestal y el aprovechamiento sostenible de los recursos. Vázquez no dudó en criticar al Gobierno regional, liderado por Alfonso Fernández Mañueco, a quien acusó de menospreciar a un sector crucial tras un verano marcado por desastres naturales.

Vázquez fue contundente al señalar la "gestión negligente" de la Junta en relación con los incendios, evidenciado por las más de 145.000 hectáreas afectadas durante el presente año, y recordando episodios pasados igualmente devastadores en 2022. Lamentó que las advertencias realizadas desde 2021 no hayan conducido a una respuesta adecuada, incidiendo en la falta de planeación y recursos por parte del Ejecutivo autonómico.

La propuesta trae consigo el compromiso de implementar ayudas inmediatas para mitigar los daños causados por incendios, además de realizar planes de reforestación y facilitar financiación a los municipios impactados, así como un plan de vigilancia en las regiones afectadas.

El procurador también hizo mención a una carta enviada recientemente por la Asociación de Propietarios Forestales, quienes expresaron su "profunda indignación" ante lo que consideran un abandono por parte del Gobierno, afectando a un colectivo que suma alrededor de 700.000 personas.

Vázquez, en una clara alusión a las próximas elecciones autonómicas, reveló que las iniciativas propuestas podrían empezar a implementarse a partir del 15 de marzo. El procurador de Unidas Podemos, Pablo Fernández, también se pronunció en favor de la PNL, con una metáfora provocadora que insinuaba que el próximo incendio podría golpear a los miembros del PP en marzo.

Desde la oposición, el representante de UPL, José Ramón García, mostró su apoyo hacia la PNL socialista, considerándola fundamental para una comunidad que sufre verano tras verano los estragos de los incendios y aún no ha aprendido de las tragedias del pasado. Describió los efectos de este año en El Bierzo y otras comarcas como "devastadores", con la pérdida de montes y patrimonio cultural que tardó siglos en formarse.

García hizo un llamado a la creación de una normativa que articule la prevención, extinción y recuperación, que cuente con recursos claros y adecuados; insistiendo en que los incendios no solo deben apagarse en verano, sino que se deben prevenir en invierno. También exigió una asignación económica anual de al menos 180 millones de euros para el mantenimiento forestal.

Sugirió la activación de un fondo forestal establecido por la Ley de Montes desde 2009, que nunca se ha aplicado, y consideró esencial restaurar la educación ambiental y revivir el histórico Plan 42 que formó a poblaciones para convivir con el monte y prevenir el fuego, advirtiendo que lo vivido este año no debería repetirse.

Durante el debate, el procurador de Vox, José Antonio Palomo, aclaró por qué su grupo optó por la abstención, presentando una enmienda de sustitución que finalmente no fue aceptada. Palomo criticó tanto al PSOE como al PP por su papel en el abandono del campo y las decisiones que, a su juicio, contribuyen a agravar la situación forestal con políticas que "echan gasolina al fuego".

El representante de Vox denunció que la "ideología climática impuesta" ha perjudicado gravemente el medio rural, asfixiando la actividad agroganadera y transformando a los agricultores y ganaderos en "sospechosos" de lo que han defendido durante siglos. Lamentó que las promesas de ayudas para damnificados, como las del volcán de La Palma, nunca se han concretado.

Palomo defendió que el monte no requiere más leyes, sino menos restricciones, abogando por el regreso de prácticas tradicionales como las quemas controladas y la limpieza de montes, al tiempo que recriminó las prohibiciones que impiden el uso sostenible de los recursos y la construcción de infraestructuras necesarias.

El parlamentario finalizó acusando a PSOE y PP de lucrarse con problemas sin ofrecer soluciones y de convertir el campo en un "escenario de oportunismo político". Afirmó que el campo necesita respeto y que la desaparición de agricultores y ganaderos significaría también la desaparición del monte que se pretende proteger. Resaltó que el espacio rural no precisa más retóricas, sino que necesita menos políticos, mientras anunciaba una enmienda alternativa al enfoque del PSOE, al que consideró una mera "campaña de imagen".

Finalmente, Francisco Javier Carpio, del PP, también abstemio en la votación, defendió los esfuerzos del Gobierno regional en la gestión de incendios, responsabilizando al Gobierno central por la reducción de recursos destinados a la lucha contra el fuego. Recordó las "circunstancias extremas" del pasado verano que dificultaron el control de los incendios, algo que incluso fue calificado de "incontrolable" por la ministra Margarita Robles.

Carpio solicitó que se reconozca la respuesta rápida del Ejecutivo autonómico y denunció la dejadez del Gobierno central, la cual ha llevado a disminuir el número de aeronaves antiincendios, así como su capacidad. Insistió en que esta situación ha agravado los incendios en la comunidad, abogando por una financiación justa que apoye la prevención y extinción de incendios en Castilla y León.

El representante del PP coincidió en algunos puntos con la PNL socialista sobre la insuficiencia de los recursos actuales y alentó al PSOE a reclamar al Gobierno central más financiamiento en lugar de culpar únicamente a la Junta. Reiteró que los esfuerzos del Gobierno autonómico en planeación y medios son vitales, y que se necesita estabilidad presupuestaria y colaboración institucional para desarrollar una estrategia efectiva en la lucha contra incendios y la recuperación forestal.