Los líderes de las organizaciones agrarias de Castilla y León han manifestado este miércoles su optimismo respecto a la cosecha de 2025, pronosticando que será "buena" y comparable, si no superior, a la del año 2020, que alcanzó los 8 millones de toneladas en la región. Sin embargo, han expresado su preocupación de que este aumento en la producción no se refleje en la rentabilidad del sector debido a los bajos precios del cereal, que están poniendo en jaque a muchos agricultores.

El presidente de Asaja en Castilla y León, Donaciano Dujo, ha criticado con contundencia la situación. "No puede ser que nosotros cosechemos y otros se beneficien económicamente", ha señalado, haciendo hincapié en que, a pesar de las expectativas positivas para la cosecha de 2025, los agricultores seguirán enfrentándose a dificultades financieras por los precios de los cereales, que simplemente no permiten cubrir costos.

Por su parte, el coordinador de COAG, Lorenzo Rivera, también se ha alineado con esta perspectiva, destacando que el clima ha favorecido una buena cosecha, pero advirtiendo que hay un "lado oscuro" que no se puede ignorar: los precios bajos del cereal, que son consecuencia de la especulación en el mercado. "A 180-190 euros por tonelada, hay que reconocer que se trata de una ruina para el sector", ha sentenciado, calculando pérdidas que podrían oscilar entre 800 y 900 millones de euros, cifra similar a la que se espera recibir en ayudas de la PAC. Rivera ha lamentado que los precios deberían situarse entre 270 y 300 euros por tonelada para que los agricultores pudieran empezar a obtener beneficios reales.

Las declaraciones de los representantes agrarios se produjeron tras el Consejo Regional Agrario llevado a cabo en Medina del Campo (Valladolid). Allí, firmaron un documento institucional que defiende los intereses del campo en Castilla y León y la futura PAC. Jesús Manuel González Palacín, coordinador de la UCCL, afirmó que esta declaración otorga "mucha fuerza" a la Comunidad en las próximas negociaciones.

A pesar de este paso hacia adelante, González Palacín puso de manifiesto que han existido "ciertas tensiones" durante la redacción del documento, especialmente en lo que respecta a "líneas rojas" que requerían cambios. Sin embargo, gracias a la "generosidad" de todas las partes involucradas, se logró un consenso en un contexto complicado, en el que se demanda un "presupuesto digno" que se distribuya según criterios de profesionalidad. Asimismo, abogó por una PAC que sea "más simplificada y flexible".

Dujo hizo un llamado directo a la eliminación de la burocracia en la concesión de ayudas, planteando que estas deben otorgarse sin normas agroambientales restrictivas y en función de criterios que prioricen el territorio y las condiciones climáticas. "No podemos seguir padeciendo las imposiciones de burócratas que no conocen la realidad del campo", señaló.

González Palacín coincidió en la necesidad de revisar las exigencias medioambientales, tildándolas de "absurdas" y "poco viables". Insistió en que estas regulaciones deben ser objetivas y realistas, sin que impliquen un aumento de los costos de producción para los agricultores. Propuso también la importancia de repensar los métodos de intervención en el mercado y de contar con mejores herramientas para negociar contratos.

Finalmente, Rivera acentuó que la actual PAC ha cometido "errores evidentes" que deben corregirse. A pesar de la inminente reducción en el presupuesto de entre el 15 y el 20%, persiste la esperanza de que se pueda solventar esta situación en favor del sector agrícola.