La reciente resolución judicial ha dejado entredicho la reputación de la propietaria de la tienda que exhibía el controvertido muñeco, dado que un perito ha determinado que su valor real supera en ocho veces el precio señalado en la etiqueta.

VALLADOLID, 12 de marzo. Un individuo que había pasado casi treinta años tras las rejas por un asesinato y otros delitos relacionados con una organización criminal, se encontró con un perro de peluche en una tienda de Valladolid que decidió llevarse sin realizar el pago correspondiente. Este acto de hurto le ha valido una nueva condena de seis meses de cárcel.

La sentencia que condena a L.M., a la que ha tenido acceso Europa Press a través de fuentes judiciales, proviene del Juzgado de lo Penal 3 de Valladolid. El tribunal clasificó el hecho como un delito de hurto, conforme al artículo 234.1 del Código Penal. Los hechos ocurrieron el 23 de septiembre de 2023, cuando el condenado, acompañado de un cómplice, pagó por algunas prendas de vestir en una tienda céntrica, mientras su compañero distrajo a la empleada. En ese momento, L.M. tomó un sujetapuertas en forma de perro, decorado con la bandera británica, cuyo precio era de 572 euros.

El condenado, que ahora tiene 57 años, admitió en el juicio haber cometido el hurto —su acción fue captada por las cámaras de seguridad del establecimiento—, pero cuestionó el valor del perro de peluche. Sin embargo, el juez desestimó esta incongruencia, ya que consideró que estaba claro que L.M. se había enamorado del artículo decorativo sin cerciorarse de su costo. Así, subrayó que asumió la sustracción y, por lo tanto, debía enfrentarse a la condena correspondiente.

Lo curioso de este caso es que el análisis judicial no favorece a la dueña del peluche. Un perito judicial anunció que su valor real era de 70 euros, una cifra que contrasta notablemente con los 572 euros que se mostraban en la etiqueta. El juez reconoció que, aunque este precio parezca desmesurado, es parte del libre funcionamiento del mercado, que permite a los comerciantes fijar precios basados en lo que el consumidor esté dispuesto a pagar.

El juez también ha señalado la "torpeza" del autor al no retirar la etiqueta que evidenciaba el precio del producto, la cual mostraba signos de desgaste similares al resto del artículo, respaldando así su argumento de que a ese costo, muy pocos estarían dispuestos a adquirir un objeto cuya versión más asequible se puede conseguir a un décimo de su "valor" en la tienda, que lleva años sin venderse.