VALLADOLID, 1 de octubre. El representante de Unidas Podemos y coportavoz de la formación, Pablo Fernández, ha manifestado que su partido está considerando la posibilidad de recurrir a acciones legales contra la Junta de Castilla y León. La intención es que esta institución cumpla con la legislación nacional y declare zonas de tensión en el mercado de alquiler, tras criticar que su única respuesta legislativa ha sido la creación de oficinas antiocupa, las cuales ha calificado de “notable fracaso”.

En una rueda de prensa llevada a cabo en las Cortes de Castilla y León, Fernández no ha escatimado en críticas hacia las políticas de vivienda implementadas por la Junta, señalando que el Partido Popular ha centrado su esfuerzo en establecer oficinas antiocupación, las cuales califica como un “desastre”. Según él, el escaso número de visitas y la ineficacia de la página web asociada a estas oficinas evidencian su inoperancia.

Fernández indicó que el verdadero desafío en la comunidad no radica en la ocupación de propiedades, un tema que él considera casi irrelevante en Castilla y León. A su juicio, el verdadero problema es el acceso limitado a la vivienda, lo que él denomina un “drama auténtico” que afecta a muchos ciudadanos.

En este contexto, el procurador subrayó que el Partido Popular no solo ha fallado en facilitar el acceso a la vivienda, sino que, además, se ha manifestado en “rebeldía” al no aplicar la legislación estatal correspondiente a la delimitación de zonas de tensión en vivienda.

De hecho, Fernández mencionó que Podemos está evaluando solicitar asistencia judicial para forzar al PP a que declare, tal como indica la normativa nacional, las zonas tensionadas en Castilla y León. Este asunto está siendo analizado por Miguel Ángel Llamas, coordinador general de Podemos en la región.

Fernández avanzó que, en las próximas semanas, Llamas proporcionará información más detallada sobre las medidas que podrían implementarse para mejorar el acceso a la vivienda en la comunidad y destacó que confía plenamente en el compromiso de Llamas con esta causa.

Además, el procurador ha reiterado que Unidas Podemos seguirá insistiendo en la necesidad de contar con un parque público de vivienda que represente al menos el 25% del mercado en Castilla y León, incluyendo tanto opciones de alquiler como de compra. También enfatizó la importancia de adoptar medidas que garanticen que las viviendas financiadas con fondos públicos continúen siendo clasificadas como “protegidas” de manera eficaz y continua.

Por último, Fernández subrayó que la vivienda es una prioridad para Podemos, quienes han desarrollado diversas propuestas para facilitar el acceso a este recurso esencial. Sin embargo, afirmó que el Partido Popular ha mostrado oposición a estas inicitivas y ha negado la implementación de la legislación vigente.